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'Campañas de desprestigio'

No cabe duda de que Movimiento Ciudadano y Morena se parecen en algo: toda información periodística que no les favorece es parte de una “campaña de desprestigio” en su contra, según alegan.

Del “periódicos basura”, soltado con rabia por el gobernador emecista Enrique Alfaro contra esta casa editorial, a los recientes epítetos esgrimidos por los regidores morenistas de Guadalajara contra Siker, un pequeño medio de la ciudad, hay una distancia ínfima. A la hora de irse contra la prensa, los políticos tienen un solo asesor y un mismo discurso.

La investigación que desató la ira de los ediles guindas jamás fue desmentida por éstos: “Israel Mariscal Quezada, líder saliente de la FEG, la pseudorganización estudiantil que imponía el cobro de piso a los comerciantes de los alrededores de los planteles educativos de la Universidad de Guadalajara, práctica delictiva que derivó en la muerte de cinco personas en 2011, es hoy asesor de la regidora Candelaria Ochoa Ávalos”.

“Señalado por la prensa de entonces de ser aviador de la Secretaría de Educación Jalisco, acusado por uno de los detenidos de haber estado presente el día del crimen y citado por la PGJJ con una orden de presentación, hoy, Mariscal Quezada elabora iniciativas para la morenista con un sueldo neto de 19 mil 300 pesos mensuales”.

Todo lo anterior es cierto punto por punto: “De acuerdo con las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJJ) el padre y su hijo, Armando Gómez Gallardo, de 56 años de edad, y Francisco Ismael Gómez Saucedo, de 21 años, fueron ejecutados a tiros en la oficina de David Enrique Castorena Peña, presidente electo de la FEG”.

“Castorena Peña, aún prófugo de la justicia, habría pedido a Gerardo Flores Gómez, alias El Tatuado, de 51 años de edad, guardaespaldas y velador del edificio de la FEG, que citara al comerciante para ‘resolver’ un problema con el pago de derecho de piso”.

“Luego de que padre e hijo fueron ultimados, Castorena habría ordenado a miembros de su grupo de choque presentes en el inmueble que sometieran a los tres jóvenes acompañantes (…) quienes, indefensos, fueron asesinados a cuchilladas por El Tatuado y el yerno de éste’”.

También incluye la voz de la regidora, quien aseguró haber conocido a Mariscal Quezada a través del ex regidor morenista en Zapopan Hiram Torres: “Hasta donde lo comentamos yo le dije ‘¿usted no tuvo nada que ver?’, me dijo ‘no, incluso no tengo ninguna orden ni de aprehensión ni de presentación, nada, porque a mí no me involucraron’. Yo le dije ‘a ver, nomás quiero que quede muy claro eso, porque, pues, yo no podría solapar a alguien que cometió un delito’”.

Y la voz del propio Mariscal Quezada quien reconoció no haber atendido la orden de presentación girada por la PGJJ: “Mira, yo decidí no testificar porque no tenía nada que testificar. Yo no estuve en los hechos ni siquiera estuve en la ciudad (…), y no era testificar, simplemente era como declarar y declarar es un derecho, decidí no tomar ese derecho”, explica Mariscal Quezada.

Acorralados, furiosos porque se daba a conocer a la opinión pública que la regidora Ochoa Ávalos tenía en su equipo al ex líder fegista, la fracción edilicia publicó un comunicado asegurando que se trataba de “información calumniosa” y de “publicaciones promocionadas por el edil (Pablo Lemus)”, aludiendo que los periodistas que realizamos la investigación fuimos pagados por el alcalde de Guadalajara.

Un discurso que calumnia y criminaliza a los reporteros y que en un contexto de violencia como el que viven las redacciones en el país no debería pasar desapercibido.

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JB