El gran inamovible

Una agenda abandonada por esta administración estatal ha sido el sistema penitenciario. A la clase política no le importan las personas privadas de libertad (PPL) y esto tiene que ver esencialmente porque este tema no es atractivo para la obtención de votos.

Debemos comprender que el sistema de justicia penal cuenta con grandes deficiencias y, derivadas de ellas, se encuentran personas inocentes en la cárcel; se dice que son las y los pobres los que se encuentran privados de su libertad al no contar con recurso económico para la contratación de una defensa técnica y adecuada particular, además no pueden pagar actos de corrupción a juezas y jueces, en todo caso la reinserción social es inexistente. Las cárceles en Jalisco son lugares en los que de manera sistemática se violan los derechos humanos de las PPL, de sus familias, visitantes y de las personas que laboran en el complejo penitenciario.

Según la Encuesta de Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, se estima que la población privada de la libertad en el estado durante 2021 fue de 13.4 mil personas, de las cuales 95.7 por ciento son hombres y 4.3 por ciento son mujeres. Se estima que 28.3 por ciento de las PPL pagó dentro del centro penitenciario por tener dispositivos electrónicos de comunicación; 7.7 por ciento de las PPL señaló que ha visto situaciones de internos que realizan actividades de autogobierno y/o cogobierno.

Justo estos datos reflejan la realidad que se vive en el complejo penitenciario de Puente Grande y de diferentes incidentes como la comisión de homicidios dolosos en contra de PPL por internos, el autogobierno que impera particularmente en el reclusorio metropolitano y el preventivo, a la sustracción de mujeres privadas de la libertad para llevarlas a participar en fiestas al preventivo con internos hombres y regresarlas en estado de ebriedad, y recientemente mujeres custodias violadas por internos a complacencia de autoridades penitenciarias, esto último negado fehacientemente por el gobernador del estado y por el director de Prevención y Reinserción Social; sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares ante la investigación que se realiza y con ello se suspendió a dos servidores públicos.

Aún con todos estos acontecimientos el director de Reinserción Social no ha sido separado de su cargo. La gran pregunta es ¿por qué es el gran inamovible de esta administración? Una hipótesis justo es que quienes designan quién se queda o se va son los líderes pertenecientes a cárteles de la delincuencia organizada, quienes ejercen el autogobierno; son ellos los que verdaderamente manejan los centros de reclusión, por ello para mantener al titular del sistema penitenciario a pesar de muertes y violaciones al interior del complejo penitenciario se requiere del aval de ellos.

Es preciso decir que todo al interior de Puente Grande es un ministerio ante la amenaza que existe hacia las personas que laboran ahí, particularmente en el caso de las custodias. Sus condiciones laborales son sumamente complejas, se enfrentan al acoso sexual, a extenuantes jornadas laborales, a la intimidación de ser reubicadas a centros de justicia integral al interior del estado, a la incomunicación y a la ausencia de protocolos de protección. Por ello no resulta sorprendente que en la “investigación interna” que, se dice, se realizó por parte de las autoridades penitenciarias, ninguna de las mujeres custodias transgredidas sexualmente se haya atrevido a denunciar, y es que no existen las condiciones de garantía para ellas; al contrario, existen los obstáculos institucionales y la intimidación de perder su trabajo si se atreven a alzar la voz.

Se requiere entonces crear las condiciones de seguridad y protección a las mujeres que laboran en las áreas administrativas, técnicas y operativas, pero sobre todo se necesita urgentemente que sea removido de su cargo el titular de Reinserción Social y que el Ejecutivo estatal se tome en serio la agenda del sistema penitenciario.

[email protected]

jl/I