Reprobados en justicia abierta

Ante la discrecionalidad y un afán de debilitar a las instituciones autónomas y a los contrapesos, resulta urgente una reflexión sobre el concepto y lo que representa la justicia, y con ello enfocarnos en la visión del gobierno abierto a fin de acercarnos la democracia activa; esto, a pesar de que México y Jalisco se encuentran estancados en el combate a la corrupción. El análisis debe ir dirigido a cuestionar si la justicia es abierta, transparente, participativa y colaborativa, así como también sobre lo que como sociedad civil y academia hemos estado haciendo o desearíamos promover para impulsar la justicia abierta, ya que la colaboración de las personas debe ser más activa y contundente.

Recientemente se dio a conocer la métrica de justicia abierta que realizó World Justice Project en colaboración con el Inai y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Este estudio califica a las instituciones encargadas de la procuración, administración e impartición de justicia, así como de la defensa, promoción y protección del acceso a la justicia y los derechos humanos, se evalúan cuatro dimensiones, siendo estas la transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.

Dentro de los principales hallazgos se encuentra que el promedio general de la apertura institucional en México es de 0.42 en una escala de 0 al 1, donde 0 es menos y 1 es más transparente. Así, en el rubro de transparencia el país obtuvo el puntaje más alto con 0.59; respecto al rubro de rendición de cuentas se obtuvo un 0.44, participación 0.37 y colaboración 0.27, lo que implica por lo menos en este último apartado que las instituciones no cuentan con los mecanismos necesarios ni accesibles para que las personas interactúen con las autoridades, co-creen e incidan en la toma de decisiones, y en el caso del tópico de transparencia refleja que los mecanismos para la interlocución con la ciudadanía son limitados, particularmente para atender a las personas en situación de vulnerabilidad. En cuanto a la oferta de servicios digitales, es todavía precaria. Si bien pueden tramitarse servicios de manera digital en algunas instituciones, la accesibilidad de los servicios digitales es limitada, además de que la posibilidad de consultar el expediente íntegro es casi imposible.

En lo referente a la dimensión de rendición de cuentas existe un amplio acceso a información sobre el presupuesto y su ejercicio. En contraste, es más reducida la apertura sobre las contrataciones de servicios y obras públicas, área considerada como una de las de mayor riesgo de corrupción.

La mayoría de las instituciones no cuentan con mecanismos para denunciar faltas y delitos de corrupción. Son inexistentes los protocolos de protección a denunciantes.

En el caso de Jalisco, la institución mejor evaluada fue el Tribunal Electoral al ubicarse en el lugar 38 de 233; sorpresivamente le siguió la CEDHJ al posicionarse en el sitio 46 de 233.

El Supremo Tribunal de Justicia apenas alcanzó 0.51 puntos; la Fiscalía Estatal, 0.43; el Tribunal de Justicia Administrativa, 0.29; el Consejo de la Judicatura, 0.23; el Instituto de Justicia Alternativa, 0.21; el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, 0.16.

Por supuesto, esto implica banderas rojas en las instituciones evaluadas. Se requiere un esfuerzo significativo, pero sobre todo voluntad política para impulsar mecanismos efectivos de participación ciudadana en un contexto en el que a nivel federal y estatal les estorba la opinión de las personas respecto a los problemas que hoy nos aquejan como la seguridad, la procuración y la impartición de justicia. Las instituciones evaluadas se han caracterizado por su hermetismo y el ejercicio de sus funciones a puertas cerradas, una nula interacción con las personas y en muchos casos resultan ser un obstáculo real para el acceso a la justicia y al ejercicio de los derechos humanos.

El centro de las instituciones deben ser las personas y todos los procesos deben girar alrededor de la satisfacción de las demandas de la ciudadanía. Jalisco debe dirigirse de manera urgente a lo que define Peter Sharp como justicia abierta: un diálogo permanente del ecosistema de justicia con la ciudadanía que desde la transparencia, la participación y la colaboración permite un pleno acceso a la justicia generando honor social y valor público en los intervinientes; sin embargo, al analizar los puntajes obtenidos en Jalisco, estamos muy lejanos de los estándares de una verdadera justicia abierta.

*Doctora en Derecho

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