Recuerden que nosotras también votamos

A 14 días de concluir 2023 es necesario subrayar lo que Jalisco y el gobierno alfarista le quedan debiendo a las mujeres en la prevención, sanción y erradicación de la violencia. Recientemente el gobernador reconoció que los feminicidios se han incrementado. Jalisco se encuentra en el lugar 25 a nivel nacional en feminicidios, sin que exista una política pública eficiente, estrategia o acciones tendientes a la disminución y, a mediano plazo, la erradicación de la máxima expresión de la violencia en contra de las mujeres.

En lo que respecta a los casos de violencia familiar, rompieron récord en los últimos seis años. Casi suman 15 mil las denuncias hasta octubre. El caso de Jalisco forma parte sustancial de esta problemática: en los últimos 10 años no ha logrado salir de los primeros lugares de violencia hacia las mujeres, aun cuando se encuentran activas alertas por violencia contra las mujeres en los municipios metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco, así como en Puerto Vallarta y Ameca, sin que este mecanismo haya abonado de ninguna manera al control de la violencia a las mujeres.

En 12 de las 32 entidades del país ya es legal la interrupción voluntaria del embarazo. En Jalisco el aborto continúa siendo un delito y solo en siete hospitales de la Secretaría de Salud en la entidad se puede acceder a la NOM-046. El programa de interrupción legal del embarazo en el estado existe desde 2017, pero hasta junio de 2023 sólo registraban 106 beneficiarias por la causal de violación. De estos procedimientos, más de la mitad se llevaron a cabo entre 2022 y 2023, principalmente en la zona metropolitana. La cifra de los accesos registrados no concuerda con las aproximadas 2 mil 500 denuncias de violencia sexual presentadas ante la Fiscalía Estatal en el mismo periodo.

Un tópico que debe alarmarnos es que, de acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, hasta septiembre de 2023 existen mil 729 mujeres desaparecidas. Las causas se multiplican debido a factores de discriminación y violencia de género. Para el caso de las mujeres, la desaparición es una manifestación de violencia que no es una consecuencia únicamente de la inseguridad o delincuencia organizada, sino que nos afecta por el simple hecho de ser mujeres asociado a la explotación sexual o laboral.

En cuanto a violencia vicaria, Jalisco se encuentra en el primer lugar de los cinco estados de la República con más casos, con 21 por ciento de denuncias. Hoy no existe una reforma o legislación en el estado que garantice y proteja a las mujeres respecto a este fenómeno; por tanto, tampoco existen políticas públicas que prevengan y sancionen esta conducta.

La violencia obstétrica es otro pendiente, pues según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, se estima que 33.4 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz a un bebé sufrieron algún tipo de maltrato del personal médico que las atendió. En este rubro tampoco existe marco legal que proteja a las mujeres, menos que sancione este tipo de prácticas en nuestro estado.

A propósito de las diversas modalidades de violencia, esas que son normalizadas, de acuerdo con la OCDE, en México, la brecha salarial es de 32 por ciento; mientras que en Jalisco, según el Instituto de Información Estadística y Geográfica, la brecha salarial es de 21.7 por ciento.

En un año electoral donde las miradas están en las precampañas es menester recordarles a los poderes públicos en Jalisco la urgencia de impulsar las reformas y leyes pendientes que garanticen y amplíen los derechos de las mujeres; diseñar y ejecutar políticas públicas que nos permitan hacer efectivos nuestros derechos. Recuerden que las mujeres votamos y que no olvidaremos el abandono institucional en el que hemos vivido durante toda esta administración y que, seguramente, se verá reflejado en las urnas.

[email protected]

*Doctora en Derecho

jl/I