Entre la inseguridad y la corrupción

Comienzo esta columna con un dolor que hago mío, ese dolor de un hijo o hija desaparecida o víctima de feminicidio. También de esa esposa y de esos hijos que han perdido a sus esposos, miembros de alguna corporación policial. Es inimaginable el sufrimiento que viven todas las víctimas de estos delitos. Desde acá les digo a estas personas: hoy mi corazón y mi pensamiento está con ustedes.

Frente a una realidad en donde se minimiza la incidencia delictiva, se criminaliza o revictimiza, simple y sencillamente se evidencia la indolencia e indiferencia de los poderes, de las instituciones y de las investiduras. El Estado le falla a la sociedad y nosotros también fallamos al haber perdido el interés de “hacer ciudadanía”, al no realizar la suficiente presión ni comportarnos como contrapeso y exigir respuesta a la violencia e inseguridad que vive el estado.

En este sentido resulta sumamente importante comenzar a visibilizar que los casos que se convierten en mediáticos y que tienen un aire de privilegio, ya que se tiene a la mano a las instituciones y los medios de comunicación de la zona urbana de Guadalajara; sin embargo, pensemos en aquellos casos alejados de la centralización de nuestra entidad que pasan desapercibidos debido a que las víctimas no cuentan con el recursos económicos para trasladarse a la ZMG, ni al acceso a medios de comunicación y menos a las instituciones que por alguna razón inexplicable no cuentan con delegaciones y oficinas de procuración e impartición de justicia, de derechos humanos y de atención a víctimas.

De ahí que es imprescindible que hagamos patente que el Índice de Competitividad 2023 realizado por el Imco refiere que Jalisco perdió una posición y en esta edición se encuentra fuera de los primeros cinco lugares de los estados más competitivos. Las razones son que su desempeño empeoró en cinco de los ocho indicadores del subíndice Derecho, entre los que destaca el incremento en los costos del delito (4 mil 771 pesos por adulto), los delitos no denunciados (91 por ciento del total) y la percepción de seguridad (20 por ciento de los adultos se sienten seguros en el estado).

Otro de los fenómenos que se vincula directamente con la inseguridad es la corrupción. Jalisco es la entidad con mayor percepción de corrupción: con 91 por ciento se encuentra en la posición 32 de las 32 entidades federativas, frente a Querétaro, estado mejor posicionado (64 por ciento).

Estos datos se refuerzan con lo proyectado en el reciente Índice de Estado de Derecho 2022-2023, que refiere que Jalisco está en el lugar 27 en ausencia de corrupción; lo que quiere decir este puntaje es que se ha mantenido estancado desde el 0.31 que obtuvo en 2018, cuando se ubicó en la posición 28. En cuanto la ausencia de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia se encuentra en la posición 27, con 0.35, el cual no ha mostrado cambios significativos desde su 0.28 y posición 28 de 2018. En el mismo sentido se encuentra la ausencia de corrupción en el Poder Judicial, con 0.36, con lo que está en el penúltimo lugar, el cual ha ocupado en las últimas tres versiones del índice.

Jalisco, además de un estado inseguro, es corrupto; por supuesto que esto nos hace lógica con instituciones de seguridad, de procuración e impartición de justicia que se encuentran infiltradas o vinculadas con el crimen organizado, ante actos y hechos de corrupción que no han podido ser contenidos en el ámbito de los ministerios públicos, policías y jueces, lo que deriva en una impunidad de 97 por ciento de los delitos. Existen claras responsabilidades de quienes hoy prefieren la banalidad, la pugna política, la desacreditación y por supuesto el “a mí no me toca”. Frente a esto, ¿dónde quedan las víctimas?

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*Doctora en Derecho

jl/I