En riesgo, el control de la corrupción

México se posiciona en el lugar 12 de 15 naciones de América Latina medidas en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023, con una puntuación de 3.87 en una escala de 0 a 10, en donde esta última cifra significa que el país tiene mecanismos fuertes en el control de la corrupción.

A pesar de que 66 por ciento de la población manifiesta que en México frecuentemente se cometen actos de corrupción, el control de la corrupción parece no surtir los efectos necesarios. Al iniciar el periodo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 72 por ciento de la ciudadanía pensaba que estaba realizando un buen trabajo para combatir el fenómeno de la corrupción. Pero en la segunda mitad de su sexenio, 54 por ciento cree que la estrategia anticorrupción de AMLO es regular o mala.

En el caso de Jalisco, el Inegi destaca que mientras en 2019 se cometían 34 mil 545 actos de corrupción en la entidad, en 2021 se registraron 16 mil 497, es decir, bajó más de 50 por ciento; en lo que respecta a las evaluaciones que realiza la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, hasta junio de 2023 Jalisco fue una de las tres entidades que cuenta con instrumentos de planeación, programación y evaluación en el control de la corrupción.

Éstas no necesariamente son buenas noticias. El 31 de octubre concluye el periodo de la doctora Nancy García, quien durante su periodo como presidente del Comité de Participación Social (CPS) y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (Seajal), quien cuenta con un perfil técnico y académico, impulso varios instrumentos metodológicos dirigidos a la implementación de la política estatal anticorrupción, pero su mayor logro fue que el gobernador Enrique Alfaro se interesara en el control de la corrupción, después de seis años de implementado el Seajal.

Tal fue el interés que firmó los llamados Compromisos por la Política Anticorrupción en Jalisco con el Seajal, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, esto como resultado de la capacidad de acuerdo con la que cuenta Nancy García. El problema radica en que cada que hay relevo en el CPS, se debe lidiar con la personalidad de quien asumirá la presidencia, en este caso David Gómez Álvarez, quien al integrase al CPS fue severamente cuestionado por su perfil y sus antecedentes en el servicio público, así como su protagonismo.

Dejando de un lado esto, para Gómez Álvarez representará todo un reto el año de su presidencia, ya que se enfrentará a un proceso de elección con altos riesgos de corrupción, al último año de la administración de Alfaro, así como el compromiso inminente de mantener la relación que ya logró su antecesora con el Ejecutivo estatal y planchar el camino con el o la gobernadora electa.

En este sentido las más calificadas son la doctora Sandra Nadezhda Martínez, de la sociedad civil, experta en temas de género, y la maestra Natalia Mendoza, especialista en transparencia. Y aunque el perfil de Carlos Servín es sumamente interesante, también lo es que proviene de la administración pública, particularmente de la Secretaría de Gobierno, y hace algunos meses el propio Alfaro en sus redes sociales dio a conocer la labor que desempeñaba Servín en su administración.

Recordemos que las últimas designaciones de integrantes del CPS han sido de extracto del servicio público. En el caso de Vicente Viveros, proveniente de la Secretaría General de Gobierno; Neyra Godoy, de la Contraloría del Estado; Miguel Ángel Hernández, ex secretario ejecutivo del Itei y colaborador de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara.

Por ello, para evitar que el CPS se considere un ente ciudadano cooptado es imperativo que se designe a una persona (mujer) con una alta expertise en el tema, pero además lejana a la administración pública; de otra forma, demos por perdida la ya muy lejana idea de que el CPS sea un contrapeso, como lo fue algún día.

* Doctora en Derecho

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