Fideicomisos y transparencia

La polarización a la que se ha sometido al país a lo largo de este sexenio impide que los temas se debatan de fondo. Los ciudadanos nos quedamos con las declaraciones y las descalificaciones de los dos bandos, que manipulan por igual la información para intentar convencernos de que tienen la verdad.

El ejemplo más claro de esto es la polémica en torno a la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, en los que hay guardados alrededor de 15 mil millones de pesos.

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, esos recursos son un guardadito del Poder Judicial para pagar privilegios de jueces, ministros y magistrados. La oposición, por su parte, opina que se trata de una venganza del gobierno federal por algunas resoluciones que ha emitido en su contra el Poder Judicial.

Más allá de esas descalificaciones, la información que se ha compartido ha sido escueta. Incluso, en una entrevista que tuve con el líder sindical de los trabajadores del Poder Judicial federal en Jalisco, Luis Enrique Vizcarra, no pudo explicar cuáles son los fideicomisos en particular que afectarían a los trabajadores y tampoco a qué se destinan los recursos que hay en los fideicomisos.

Así que basarse en las declaraciones que hemos escuchado para saber quién dice la verdad es imposible. Y los actores políticos no parecen tener intenciones de ir a un debate serio.

Tener un fideicomiso es legal. El problema es que esta figura ha sido utilizada en nuestro país para esconder recursos y salvarse de la transparencia.

La única manera de saber quién dice la verdad en este caso es revisando los fideicomisos. Para empezar, solo hay información publicada de 10 de los 13 fideicomisos. Cinco de estos pueden consultarse en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros cinco, en la del Consejo de la Judicatura Federal.

De los fideicomisos de la Corte, uno corresponde a los ingresos por la venta de discos compactos con tesis y jurisprudencias, así como del Semanario Judicial de la Federación. Al segundo trimestre de este año había 177.8 millones de pesos y debe utilizarse para difundir las resoluciones de los tribunales y para publicaciones. Sin embargo, no hay información del uso que se le ha dado.

Otro corresponde a apoyos para complemento de pensiones y uno más para apoyo en gastos médicos, con saldos al último corte de 2 mil 972 y 145 millones de pesos, respectivamente. En estos, lo que podría destacarse es la discrecionalidad de los apoyos, pues se deja la decisión en manos del comité que lo administra, además de que no se transparentan todos los beneficiarios y ninguno de los montos entregados.

Hay otros dos fondos para fortalecimiento de la administración de justicia: el que se creó con los remanentes presupuestales, con saldo de mil 386 millones de pesos, y uno más llamado Fondo Júrica, de 727.4 millones. En ninguno hay información del destino.

En la Judicatura hay más información de los fideicomisos, aunque tampoco está completa. Uno de los fondos es para apoyos médicos adicionales, uno más para complemento de pensiones y otro, para el mantenimiento de casas-habitación, los tres para magistrados y jueces. Solo uno es para apoyo a la administración de la justicia, por la implementación del nuevo sistema penal, que además es el que tiene más recursos, con 5 mil 109 millones de pesos, y otro son los recursos provenientes de sentencias que deriven de acciones colectivas y que no tiene información de que haya sido usado.

Así que podemos concluir que, para defenderse, al Poder Judicial le vendría bien un buen ejercicio de transparencia que permita tener información precisa del destino de todos esos miles de millones de pesos.

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