Diputadas dan la espalda a las mujeres

Una vez más, la bancada de mujeres en el Congreso del Estado decidió renunciar a la posibilidad histórica de incidir en la legislación a favor de las mujeres. El jueves pasado, en lugar de aprobar una reforma para tipificar la violencia vicaria como delito, decidieron dar la espalda a las víctimas y sacar un cambio en la ley que deja las cosas prácticamente iguales.

Según la definición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la violencia vicaria “es aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento y que, de acuerdo con la literatura disponible en la materia, es perpetrada generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra”.

Es el caso de Elisa Celis, quien forma parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Ella tuvo dos hijos con su ex pareja, Diego Romo, quien después de llevarlos de vacaciones decidió no regresarlos con su mamá. El empresario, quien es familiar del dueño de la empresa a la que el gobierno del estado le renta la maquinaria del programa A Toda Máquina, ha logrado alargar el proceso, que ya ha pasado por 12 jueces.

Elisa ha estado alejada de sus hijos casi cinco años, al grado de que el mayor ya alcanzó la mayoría de edad. En el largo proceso, incluso ha sido denunciada penalmente.

Los diputados locales decidieron hacer una pausa en el receso que se tomaron por las elecciones para desahogar este tema, presionados por la huelga de hambre que sostenía un grupo de víctimas de violencia vicaria. Pero lo hicieron solo para dar carpetazo al tema y establecer solo una agravante cuando se comete violencia familiar “por interpósita persona”.

La intervención de la diputada panista Claudia Murguía fue contundente. Afirmó que “la peor violencia que puede ejercer un hombre sobre una madre es quitarle a su hijo”. Acusó que las modificaciones al dictamen presentadas por la diputada de Movimiento Ciudadano Dolores López fueron hechas por un hombre y no en el Congreso del Estado, sino “allá enfrente (palacio de gobierno) y en Casa Jalisco”.

Dolores López, que se había destacado a lo largo de la legislatura por su trabajo a favor de los derechos humanos, le dijo Claudia Murguía, propuso algo en lo que no cree.

La legisladora panista dio en el punto más importante de este problema: la violencia institucional. Porque la violencia vicaria no puede entenderse sin la corrupción de los jueces familiares y de las instituciones que tendrían que cuidar el interés superior de la niñez.

¿Por qué se resisten los diputados locales a legislar sobre violencia vicaria cuando en otros estados ya sucedió? Claudia Murguía recordó que hay familiares y amigos de funcionarios estatales actuales “que son agresores y que son violentadores”.

La diputada Mara Robles relató, en su intervención, que cuando comenzaron las gestiones de las víctimas para que se legislara sobre este delito, ella acordó con la diputada Dolores López hacerse a un lado a cambio de que no se partidizara. Sin embargo, afirmó, “nos traicionaron” e incluyó a la legisladora emecista que, dijo, tenía convicción de impulsar los cambios para tipificar este delito.

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