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Justificación
No permitirá construcción
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) recriminó que, a seis años de ocurrido, siga impune el caso de los tráileres de la muerte.
El lunes, NTR publicó que un expediente sobre los tráileres está congelado en el Tribunal de Justicia Administrativa, lo que fue reprobado por el Cepad.
“Resulta indignante y preocupante que, frente a los hechos tan dolorosos para familiares de personas desaparecidas, que indignaron a la sociedad en conjunto y trascendieron a nivel nacional e internacional, se mantenga en la impunidad”, recriminó la organización defensora de derechos humanos.
A través de un posicionamiento difundido en sus redes sociales lamentó que “a la fecha ninguna investigación ha podido establecer las cadenas de responsabilidades en las que incurrieron tanto los servidores públicos del IJCF (Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses) como de la Fiscalía del Estado en su corresponsabilidad en el manejo y resguardo irregular de personas fallecidas sin identificar”.
A la par apuntó que el único cambio en la actual administración estatal con relación al manejo irregular de cadáveres es que ya no hay tráileres, pero las prácticas irregulares persisten.
“Contrario a lo que se esperaba del gobierno de Jalisco de Enrique Alfaro Ramírez que inició sus funciones apenas unos meses después de estos hechos, se negó la existencia de una crisis forense en la entidad y tampoco se tomaron las acciones para atender de manera seria y responsable las fallas estructurales que persisten en el manejo de personas fallecidas sin identificar”.
El Cepad añadió que la crisis forense se ha profundizado en los últimos años y que las violaciones a derechos humanos de las personas fallecidas y de sus familiares se han materializado en el IJCF.
Por ello exigió a la administración saliente y a la que entrará a fin de año que reconozcan la crisis forense de Jalisco, pero también que realicen acciones para terminar con la impunidad y las fallas estructurales, así como trabajar en conjunto con las familias para frenar las violaciones a derechos humanos.
jl/I