La guerra interior

Ayer, de regreso a casa y hoy, en camino a la oficina, me encontré a sendos convoyes de militares fuertemente armados. La presencia de las Fuerzas Armadas en nuestras calles se ha convertido en una visión cotidiana. Con la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de seguridad interior, y que de seguro el Senado hará lo propio antes del 15 de diciembre, intelectuales, actores, voceros de organizaciones no gubernamentales y varios opinadores advierten que el país se militarizará. Creo que México ha estado militarizado desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado (¿lo recuerdan ridículamente vestido con uniforme militar?).

En verdad que el asunto es muy serio: este año que está por concluir será, sin lugar a dudas, el más violento de las últimas décadas. De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, hasta octubre de 2017 se ha registrado un aumento de 24 por ciento más de homicidios que en 2016. De seguro el año cerrará con casi 25 mil homicidios y más de 18 mil ejecuciones.

Si bien México tiene un promedio de 16.9 asesinatos por cada 100 mil habitantes, otros países latinoamericanos están muy por encima de esta cifra: Honduras, 108; Venezuela, 57, y Brasil, 26. No es consuelo, pero estar clasificado como uno de los países más violentos del mundo no es nada halagador. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en promedio, en octubre de este año, se registró cada 18 minutos y 50 segundos una carpeta de investigación por homicidio doloso; al igual que cada 34 minutos y 46 segundos se inició otra carpeta por el delito de homicidio culposo.

El problema no es sólo por los asesinatos ocurridos, sino todos los delitos contemplados como de alto impacto: secuestros, extorsión, robos a personas, a casa-habitación, a negocios, a vehículos, con o sin violencia. Todo ello producto de la incapacidad de las autoridades para combatir la delincuencia y brindar una verdadera seguridad pública a la población. El Ejército está suplantando las tareas que corresponden a las autoridades municipales, estatales y federales en el combate a la delincuencia.

La corrupción, la falta de profesionalización de la fuerza pública, ausencia de una verdadera coordinación interinstitucional en el combarte a la inseguridad, la cultura de la violencia, la marginación, la pobreza, la corrupción y la impunidad, la drogadicción, y agregue cualquier otro elemento, sirven como combustible a un caldo de cultivo propicio para alimentar un entorno de violencia e incertidumbre.

Por otro lado, insistir tanto en sentarse a la mesa a dialogar con los capos del crimen organizado (recuerden Colombia) como pensar otorgarles amnistía (también Colombia) son estrategias desesperadas que evidencian una incapacidad para resolver el problema de la inseguridad. La propuesta lanzada por el candidato tabasqueño es un ardid de campaña para posicionarlo en las encuestas electorales, tal como lo hizo Vicente Fox, quien prometió resolver el conflicto del EZLN en 15 minutos. Claro, prometer no empobrece.

El problema de la inseguridad pública no se resolverá enviando al Ejército a enfrascarse en una guerra cruenta contra los criminales, como tampoco se solucionará promulgando más leyes. En el combate a la delincuencia, los militares no están preparados ni es su labor combatirla; su función es otra (Ley de Seguridad Nacional).

Nuestras autoridades deben entender que ese no es el camino idóneo; que nuestras instituciones democráticas se verán seriamente socavadas si no se combaten las causas y se privilegia la prevención del delito. La seguridad pública es el dolor de cabeza de los gobernantes (y de los gobernados); y en las próximas campañas electorales proliferarán las soluciones fáciles, insospechadas, pero todas ellas inútiles.

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JJ/I