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Saturado el 911
Posando para la foto
No será una, sino dos controversias las que se presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el Congreso del Estado aprobara la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, tras las reformas constitucionales promulgadas semanas atrás. Y el pleno del Supremo Tribunal de Justicia ya le puso un ultimátum a su presidente, Ricardo Suro Esteves, para que sean presentadas ya.
Suro Esteves no ha ocultado su resistencia a ir en contra del deseo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de reformar al Poder Judicial, aunque eso signifique violar su independencia y autonomía, pero sus compañeros magistrados le plantearon el jueves pasado que tras la aprobación de la ley orgánica ya deben de estar redactadas las dos controversias que le fueron encargadas a un despacho jurídico que, curiosamente, también ha caminado con la lentitud que le marca el presidente del Poder Judicial.
No obstante que en su momento la propia Suprema Corte resolvió que el haber de retiro es un derecho constitucional obtenido por el Poder Judicial de Jalisco –y a partir de ahí se ha establecido en otras entidades del país–, de manera caprichosa el Ejecutivo y la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo propuso y aprobaron la desaparición de este derecho de los magistrados y reiteraron la aplicación de exámenes de control y confianza, dos de los puntos considerados por estos últimos en las controversias que preparan.
Incluso, el propio diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez, en su intervención ante el pleno en la sesión extraordinaria donde se dio luz verde a estas reformas, advirtió: “Si bien la Corte ya manifestó que el haber de retiro es un derecho constitucional, nos da la idea que tendremos que enfrentar controversias que ya antes se habían dado en el estado de Jalisco. Lo mejor hubiera sido –recomendó–, irnos hasta el filo en lo que nos corresponde, en las reformas que nos competen, cuidando los criterios de la Corte para que esta reforma se pudiera aplicar. Tendremos muchos amparos –de manera individual por parte de magistrados y jueces–, y lo que más me preocupa es que no se podrán lanzar las convocatorias ni hacer los nombramientos”.
Enrique Velázquez reconoce, de esta manera, que lo aprobado –reitero: caprichosamente– no tendrá éxito y que además de que volverán a enfrentarse nuevamente con el Poder Judicial, la Suprema Corte terminará por darle la razón a los magistrados y jueces y los diputados volverán a quedar exhibidos como ya lo fueron en dos ocasiones recientes y que referí en una entrega anterior: 1. Los fallos a favor de tres magistrados sobre el término de su gestión como tales, lo que les permite en teoría que regresen a ocupar su magistratura –uno de ellos es aún magistrado, otro se retiró y falleció, y uno más se retiró pero decidió ya no hacer válida la controversia que ganó–, y 2. El fallo que les regresa a los integrantes del Poder Judicial el fuero que les fue retirado en una reforma aprobada por la Legislatura anterior donde el grupo mayoritario del partido Movimiento Ciudadano estuvo encabezado por el hoy presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, y quien hoy tiene esa responsabilidad en la actual Legislatura, Salvador Caro Cabrera, quien fue reelecto.
En este marco se preguntan por qué una reforma al Poder Judicial si se proyecta una nueva Constitución del Estado, y la respuesta es sencilla: se busca asegurar el control de este poder por si se fracasa en la redacción de una nueva Carta Magna estatal. Sin embargo, el Ejecutivo corre el riesgo de quedarse, como dice la sabiduría popular, como el perro de las dos tortas y no lograr ni una cosa ni la otra si la Suprema Corte falla las controversias a favor de los magistrados. Al tiempo.
ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.
JJ/I