Defender la legalidad

La ley no defiende a las personas, son las personas quienes defienden a la ley. Ésta es la frase que define el comportamiento de la protagonista de la serie de anime titulada Psycho Pass. La serie plantea una discusión filosófica sobre el papel de las leyes en la conformación de las sociedades y cuál de las partes es la que debe tener primacía. 

La frase con la que inicié mi columna choca con la forma en que solemos entender el estado de derecho, como uno en el que las leyes están por encima de las personas, y ninguna persona debe estar por encima de las leyes. Sin embargo, las leyes y su espíritu son reflejo de las reglas con las que hemos acordado jugar en nuestra sociedad y en principio su respeto garantizaría que nadie obtenga una ventaja indebida. Por eso es que las personas íntegras defienden a la ley, porque al hacerlo promueven una sociedad justa en la que todas las personas tienen la posibilidad de vivir dignamente. 

Es decir, no se trata de defender las leyes porque sí, puesto que son imperfectas, e incluso pueden llegar a ser injustas, y permitir que algunos delincuentes se queden sin castigo. Pero quienes pretenden ponerse por encima de las leyes, aun quienes lo hacen en nombre de la justicia, en realidad lo hacen despreciando al resto de las personas, en general, y los acuerdos a los que hayan podido llegar, en lo particular. 

Eso lo tenía muy claro Albert Camus, quien en su obra Los justos dejó muy claro que quien quebranta la ley en nombre de la justicia debe asumir las consecuencias de ello y aceptar el castigo que le corresponde por haberlo hecho. Lo reitero, no por respeto a la letra de la ley, sino a su espíritu, a la apuesta por vivir de una manera civilizada. 

Por eso es que se puede considerar como una acción de enorme gravedad el que quienes hacen las leyes sean quienes las violen, como ocurrió el pasado fin de semana, en el que, por impulso de las bancadas de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, el Congreso del Estado de Jalisco violó una ley que se ponía en ejercicio por primera ocasión, diseñada para dotar de mayor autonomía e integridad al Poder Judicial de Jalisco. 

Dicha ley preveía una serie de evaluaciones que, en conjunto, permitirían determinar quiénes tenían los méritos para ocupar una vacante en el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, quienes nos representan en el Congreso decidieron violar la ley, desechar los resultados de las evaluaciones e imponer a sus cuates conforme a las cuotas que acordaron. Ahora bien, es previsible que esas personas contribuyan a repartir con ese mismo criterio las plazas de los juzgados que vayan quedando vacantes. 

Ante tan gran ilegalidad parecería que sólo queda indignarse y resignarse ante el hecho de que es más importante para estos diputados proteger intereses inconfesables que cuidar los resultados electorales, lo que de por sí es muy preocupante, porque ¿qué puede ser tan valioso para un político electo que está dispuesto a sacrificar sus votos? 

Pero afortunadamente hay muchas personas que han apostado por la integridad, agrupadas en el Observatorio de Designaciones Públicas con Perspectiva de Género, así como muchas otras en los medios de comunicación y otros ámbitos de la sociedad que han asumido el compromiso de defender la legalidad en las designaciones que aún tiene que llevar a cabo el Congreso de Jalisco este año. Lástima que entre esas personas no se encuentren los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, quienes callando, otorgan. Por eso es importante que sigamos observando al Congreso, guardemos la memoria de sus ilegalidades y sancionemos. 

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