Aprueben ya la ley de desaparecidos

En los años 70 y 80 del siglo pasado, las madres, esposas, hijas y hermanas de los desaparecidos en Jalisco tenían escaso respaldo de asociaciones o grupos. Casi estaban solas, y digo solas porque en su mayoría eran mujeres. En 1973, don Luciano Rentería y tres mujeres formaron en Guadalajara el Comité de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos para salir en defensa de sus familiares. Al comité lo apoyaron militantes del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y el Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria (CIPCP). Pero en general, poco respaldo social tenían las familias. Eran tiempos de dura y cruel represión policiaca gubernamental. Había miedo. No existían las redes sociales como ahora, y salvo honrosas excepciones, la prensa no informaba, o mal informaba. 

Actualmente buen número de personas también son desaparecidas por policías y elementos de seguridad, pero vinculados a grupos delictivos criminales; o bien, las privan de su libertad directamente las organizaciones delictivas, que cometen actos de barbarie contra sus víctimas, al igual que en los años 70 y 80. Sin embargo, a diferencia de hace más de 40 años, no se desaparece a las personas por razones políticas, sino en su mayoría bajo la lógica de los grupos delincuenciales de hacerlo a quienes asaltan o consideran son sus adversarios en la lucha por el mercado de los negocios ilegales. El caso extremo de desaparición masiva son los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Sólo que esta vez es mucho mayor la información que circula, y se advierte una sociedad civil más activa. 

Si en los años 70 solo una pequeña agrupación de familiares buscaba a los desaparecidos en Jalisco, ahora por lo menos una decena los colectivos actúan orillados por la inutilidad o poca eficiencia de las corporaciones policiales. Hay más estructura que cuenta con las redes sociales. Ahora, como hace décadas, también predominan las mujeres buscadoras. 

Otra diferencia es que a partir de los años 90 empezaron a surgir las comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos, que son producto de la presión política y social para, con sus asegunes, ponerle freno al inmenso poder represivo de las autoridades, que siguen manteniendo. 

Lo que no ha cambiado es que las familias con desaparecidos se movilicen, protesten, exijan ser atendidas en sus justas demandas. Un ejemplo, del que pueden ofrecerse muchos, es cómo los colectivos, instituciones y expertos, entre ellos de la ONU, han participado en mesas de trabajo con diputados locales para elaborar un paquete de iniciativas sobre las desapariciones en Jalisco. Y es hora de que, a pesar de tenerse un dictamen de la ley de personas desaparecidas, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, con el aval de las familias, hasta ayer no lo validaba el Congreso del Estado. Se asegura que el jueves pasará al pleno. Si es cierto, falta verificar si modificaron el dictamen, lo cual sería criticable. Los desaparecidos y sus familias no son agenda prioritaria ni de los partidos ni de los legisladores (salvo mínimos casos) ni de la administración estatal. 

En los años 70 y 80 el cerco represivo era agobiante alrededor de las familias con desaparecidos; ahora, a pesar de eso, las protestas crecen y se suman colectivos a exigir justicia, verdad, y que se localice a los desaparecidos. Sólo este domingo, en la glorieta de los desaparecidos, demandaron encontrar a Wendy Sánchez, desaparecida el 8 de enero en el trayecto de San Francisco, Nayarit, a Guadalajara. También se organizó una velada nocturna, afuera de Casa Jalisco, para que los diputados aprueben la ley de personas desaparecidas. A oídos sordos, que retumben las protestas. 

Twitter: @SergioRenedDios

jl/I