Arbitrario, recurso para transportistas

El 1 de septiembre, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez publicó un video en redes sociales en el que anunció que los transportistas recibirán un subsidio de 500 millones de pesos (mdp) en 2023 para frenar el alza a la tarifa del transporte público de 9.50 a 10 pesos. La decisión fue tomada sin un estudio o justificación técnica y sin consultar a la Comisión de Tarifas.

En la videograbación difundida por el mandatario, en la que se aprecian varios camiones verdes que son utilizados por rutas como la T13B (178), él afirma con una gesticulación seria que estudios técnicos indican que era insostenible el servicio de transporte si la tarifa no incrementaba a 10 pesos de forma oficial.

Como solución a la problemática, adelanta que su administración entregará 500 mdp a los transportistas en el próximo año, monto con el que se subsidiarán los 50 centavos adicionales a la tarifa.

“Los insumos en el transporte público han subido al igual que todo, los costos de los combustibles, las refacciones y en general los factores que determinan el costo del servicio se han incrementado sensiblemente. Los estudios nos dicen que la tarifa del transporte público en nuestra ciudad, desde un análisis estrictamente técnico, ya no puede sostenerse; de hacerlo, el sistema simplemente colapsaría”.

Pero los estudios no existen o al menos las dependencias a cargo del transporte y de la administración de recursos no cuentan con ellos. Incluso la propia oficina del gobernador no los tiene.

NTR solicitó vía transparencia el “diagnóstico, proyecto o cualquier documento que sustente o justifique la decisión de entregar un subsidio de 500 mdp a los empresarios del transporte público urbano que incluya mecanismo técnico en el que se basó la decisión, quiénes participaron en ella, cómo se definió que la tarifa necesitará un incremento de 50 centavos”.

En respuesta, la Secretaría de Transporte (Setran), instancia encargada de administrar y vigilar el servicio de transporte público en el estado, informó que no había estudio técnico alguno para tomar esa decisión.

“En respuesta se informa que no obran datos respecto a proyectos o diagnósticos que sustenten o justifiquen la decisión de entregar un subsidio de 500 mdp a los empresarios del transporte público urbano”, dicta la respuesta al expediente UT/AI/12960/2022.

A la par se solicitó a la Setran el “proyecto para la entrega de este subsidio a los empresarios transportistas. (Se pide) que incluya el mecanismo para repartir o entregar el dinero, condiciones a cumplir, reglas de operación, etcétera”, pero su respuesta fue la misma: “Inexistente”.

Las mismas dos solicitudes fueron enviadas a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP), dependencia que a final de cuentas será la encargada de administrar y entregar los 500 mdp. También se solicitó la información al Despacho del Gobernador, ya que él fue quien hizo la afirmación de que el subsidio estaba respaldado por “estudios” y “un análisis estrictamente técnico”.

Pero la contestación de ambas instancias fue que son “incompetentes” para responder; sin embargo, precisaron que los estudios deberían estar, si existían, en la Setran.

COMISIÓN DE TARIFAS, SIN CONTEMPLAR

Tras el anuncio del gobernador, NTR entrevistó a Ollín Monroy, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco, instancia que forma parte de la Comisión de Tarifas, organismo que, en el papel, es el que debe discutir y analizar toda la información técnica existente para determinar si es necesario o no un aumento al pasaje.

De manera tajante, Monroy precisó que la comisión nunca fue llamada a sesionar para revisar si en verdad era necesario que la tarifa ya sea, de manera oficial, de 10 pesos.

La entrega del subsidio aún debe ser avalada en el Poder Legislativo a la hora de la discusión del presupuesto de egresos 2023.

No sorprende que no existan estudios técnicos: Javier Armenta

No sorprende que no exista una justificación técnica para la entrega de 500 millones de pesos (mdp) de parte del gobierno de Jalisco a los empresarios transportistas.

Así lo señaló el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Francisco Javier Armenta Araiza, quien consideró que el criterio de la entrega de recursos fue, simplemente, una decisión política.

“El gobierno deja evidente que, al menos el gobernador, en materia de transporte, su principal premisa para decidir es la política y no la cuestión técnica. Es desafortunado y lo peor es que este tipo de decisiones no las paga él ni su bolsillo, las pagamos todos los jaliscienses”.

Señaló que desde hace tiempo la tarifa real del transporte público es de 10 pesos debido a que las alcancías de los camiones no dan cambio. Así, agregó, los transportistas se quedarán con el excedente de los 50 centavos y el subsidio de 500 mdp.

Finalmente, rechazó que el subsidio se trate de un apoyo a los usuarios, pues en ningún momento se entregará el dinero a quienes a diario utilizan el transporte público, sino a los camioneros. Lauro Rodríguez 

jl/I