Que desaparezcan, pero que no hagan ruido

En Jalisco, estado que durante meses ha ocupado el primer lugar nacional en desaparición de personas, la principal preocupación de las autoridades parece ser que se informe que existe esta grave crisis y no propiamente el daño que se causa a miles de familias. Las acciones y actitudes del gobierno del estado así lo han demostrado.

Las primeras señales de esta política las vimos con el manejo de los números. El 11 de marzo de 2022 el estado llegó a las 16 mil 001 desapariciones, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los casos siguieron acumulándose, hasta llegar unos días después a los 16 mil 222. Sin embargo, el 25 de marzo la cifra ya había bajado a 14 mil 915.

A través de un comunicado de prensa, unas semanas después, ante la insistencia de colectivos y medios de comunicación, el gobierno del estado rechazó que hubiera “borrado” a desaparecidos del registro y aseguró que simplemente actualizó los datos y eliminó casos duplicados.

A la fecha, el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), el cual fue creado por el gobierno del estado para tener sus propios datos, sigue sin coincidir con el registro nacional. Hasta el 30 de abril, última actualización del Sisovid, se reportaban 14 mil 041 personas desaparecidas, mientras que en el registro nacional suman 14 mil 983.

La diferencia no es mínima, sobre todo si hablamos de personas. Además, con cualquiera de los dos datos, Jalisco ocupa el primer lugar nacional, pues la siguiente entidad es Tamaulipas, con 12 mil 697 casos, al último corte.

El manejo de los datos no ha sido la única forma de intentar minimizar el impacto de las desapariciones en la imagen del gobierno del estado. También lo hacen cuando al presentar las denuncias por desaparición las familias encuentran obstáculos para que la autoridad acepte abrir las carpetas de investigación o cuando los condicionan a recibir las denuncias si no se suman a colectivos.

Porque el activismo y la movilización de los colectivos se ha vuelto otro factor de incomodidad para el gobierno del estado. Así que sus mantas y las fichas de búsqueda que colocan por la ciudad son retiradas a la primera oportunidad.

Además, ante las manifestaciones de los colectivos, la autoridad decide no escuchar y, si ya de plano las protestas son muy molestas, como el cierre de una avenida o la interrupción del servicio de transporte masivo, ahí está la fuerza pública para retirarlos.

La cereza en el pastel es la criminalización. Cuando los casos adquieren un mayor volumen mediático, como recientemente ocurrió con los ocho jóvenes desaparecidos que laboraban en un call center, entonces sí se informa sobre las presuntas investigaciones que se siguen, para derivar en una narrativa que permita a la autoridad demostrar que los desaparecidos hicieron algo que los colocó en esa situación de riesgo.

La información que se ha proporcionado ha sido exclusivamente para ligar a los jóvenes con las presuntas actividades ilícitas que se realizaban en su centro de trabajo.

La crisis por la desaparición de personas en Jalisco, aunque no sea admitida por las autoridades, cada día es peor. Ayer, el investigador de la Universidad de Guadalajara Víctor Manuel González Romero, quien ha llevado seguimiento de los datos, dio a conocer que la semana pasada Jalisco tuvo su semana con más reportes de desaparecidos: 47.

Todo esto ocurre sin que las autoridades informen a la población sobre el contexto que hay en torno a esta tragedia, sin que miles de familias entiendan qué sucedió a sus seres queridos y sin que el resto de la población esté consciente sobre el riesgo permanente que enfrenta.

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