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El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) entregó el documento ¿Una sentencia es sinónimo de justicia? Cómo se vive un proceso judicial en México para víctimas de violencia sexual y violencia feminicida, en el que aborda las historias y los andares de mujeres víctimas a quienes esta asociación civil acompañó durante el proceso penal.

El informe (https://imdhd.org/especiales/sentencia-justicia/) nos muestra el camino que recorrieron estas mujeres y sus familias para llegar a una resolución favorable, que –acota el propio instituto– no es necesariamente justicia.

Y es precisamente esa idea general la que le da el nombre al documento: si obtener una sentencia a favor implica que las víctimas consideran haber recibido justicia.

El instituto acompañó 19 casos. En tres hubo sentencia absolutoria; los otros 16 casos (sentencias condenatorias), resueltos durante 2022 y 2023, están divididos en seis categorías, dependiendo de aquello de lo que las mujeres acompañadas fueron víctimas.

Entre estos casos está el de Liliana Carrillo González, una mujer wixárika de 20 años que fue asesinada por su pareja en marzo de 2020 en Pueblo Nuevo, Jalisco. A pesar de haber sido inicialmente catalogado como suicidio, el 22 de junio de 2022 se logró una sentencia condenatoria de 70 años de prisión por el delito de feminicidio a quien era su pareja, Gelacio, luego de que se demostrara que él la había matado.

Su historia, señala el instituto en este documento, pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las personas indígenas en el sistema de justicia, señalando la falta de una perspectiva intercultural que respete sus derechos humanos.

Gelacio intentó encubrir el crimen alegando un suicidio, mientras que la familia de Liliana enfrentó discriminación durante la investigación: después de denunciar el caso y buscar justicia en instancias estatales, los familiares de la joven se sienten desplazados y juzgados por su propia comunidad, que cuestiona la decisión de no recurrir a la jurisdicción indígena.

A pesar de la condena, la hermana de Liliana, Marcela Carrillo, señaló: “Aunque él esté en la cárcel, o que nos den la reparación del daño, yo sé que no nos va a devolver a nuestra hermana”. La familia ahora busca reconstruir su vida mientras lucha por superar los estigmas y discriminación de su entorno.

La voz de la hermana de Liliana, recogida en este documento, da una muestra de ello: “Al principio cuando se hizo la investigación y cuando fueron a la fiscalía y acudieron a donde estaba el cuerpo de mi hermana no se hizo bien la investigación (…) yo lo tomo como una discriminación porque no se llevó a cabo todo lo que ellos tenían que trabajar”.

A Liliana y a su familia les falló su comunidad, les fallaron unas autoridades que no resolvieron ni abordaron el caso de forma adecuada, les falló un sistema que, en primera instancia, dio por bueno el simple dicho sobre que ella se había suicidado de quien a la postre se demostró que había asesinado a la joven.

La hija de Liliana no tiene a su madre; la comunidad se perdió a una joven brillante y talentosa, con ganas de cambiar su realidad; su familia entera perdió un sostén esencial. Y la condena a su victimario no podrá devolverle la vida.

Nada.

X: @perlavelasco

jl/I