Repercusión

Virginia de la Cruz, madre de José Alejandro de la Cruz López, irrumpió el jueves pasado, 11 de julio, en el Congreso de Zacatecas con varios reclamos, luego de que supiera que su hijo había pasado ocho meses en el Servicio Médico Forense sin que le fuera entregado el cuerpo, a pesar de que ella no cejó en la búsqueda y acudiera con frecuencia a la dependencia a preguntar si allí estaba.

El video circuló profusamente por redes sociales. Varios medios de otros estados y del centro del país retomaron la historia de Virginia. Los gritos, las exigencias, el dolor, la indignación. Estas palabras fueron algunas de las utilizadas para describir a esta madre que reprochaba el actuar de las autoridades, desde el gobernador David Monreal Ávila hasta el personal de la dependencia.

En dos ocasiones, dijo en una entrevista con Grupo Fórmula, las autoridades del Semefo le negaron que su hijo se encontrara en sus instalaciones.

Virginia contó que pasó noches en vela, preocupada por el paradero de José Alejandro, cuestionándose si estaría bien, mientras el cuerpo del joven estaba en la morgue, y subrayó que su experiencia es una muestra de la falta de diligencia y respeto de las autoridades hacia las familias de personas desaparecidas.

Dos días después, la Fiscalía zacatecana informó que había iniciado dos investigaciones para esclarecer el retraso en la entrega de José, la primera de carácter penal, enfocada en la integración de la carpeta de investigación por homicidio calificado, que debía permitir la identificación y entrega del cuerpo, y la segunda, administrativa, centrada en las irregularidades cometidas por los servidores públicos implicados.

El caso comenzó el 9 de diciembre de 2023, cuando Virginia denunció la desaparición de su hijo, con quien tuvo el último contacto el 23 de noviembre. El cuerpo de José ingresó a servicios periciales el 30 de noviembre, antes de que se presentara la denuncia, lo que evidenció falta de coordinación y comunicación entre las unidades involucradas y una deficiencia en la supervisión de los mandos responsables. Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía decidió remover a dos funcionarios de alto nivel de la Dirección General de Servicios Periciales.

Este miércoles, mi compañero periodista Lauro Rodríguez platicó con María del Rosario Macías Pamplona, a quien, tras ocho años, le entregaron por fin a María Guadalupe Alcalá Macías, su hija, víctima de desaparición el 24 de marzo de 2016, en Tlajomulco, y cuyo cuerpo ingresó al Semefo ese mismo año.

Lauro consigna las omisiones de las que fue objeto María del Rosario: cuando intentó denunciar, en 2017, la Fiscalía rechazó abrir una carpeta de investigación por haber pasado mucho tiempo, mientras que en el Semefo no le tomaron muestras de ADN inicialmente, dejándola sin opciones formales y obligándola a buscar a su hija por su cuenta.

Es José, en Zacatecas; es Guadalupe, en Jalisco; es César, en Puebla, quien fue entregado por el Semefo a una familia equivocada, la que hasta le dio sepultura.

Son errores, omisiones, faltas humanas que tienen repercusiones en los miles de familias que remueven tierra, piedras y lodo, que levantan cemento, que soplan cenizas aun humeantes para encontrar a los suyos.

Y si eso no es una crisis forense generalizada, si esos errores no son consecuencia de, entre otros motivos, la ingente cantidad de trabajo que se amontona en fiscalías y morgues, entonces…

¿Qué es?

X: @perlavelasco

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