No es ausencia voluntaria

El reclutamiento forzado no es una ausencia voluntaria. Esta podría parecer una afirmación obvia, pero no lo es para nuestras autoridades. A pesar de las múltiples señales de que este fenómeno se registra en nuestra entidad, no hay acciones ni campañas para prevenirlo.

Hace mucho tiempo que la delincuencia organizada dejó de ser un grupo de personas dedicadas a la cadena productiva de la droga. La variedad de negocios y actividades hacia las que han migrado es sin duda una de las principales causas de que el reclutamiento forzado exista. Esto, sin contar que también se da para las actividades directamente relacionadas con el tráfico de drogas.

Otro elemento que contribuye a que la búsqueda de un trabajo se convierta en un verdadero peligro es la pérdida del territorio por parte de las autoridades. El control que los cárteles tienen de grandes extensiones en la entidad hace que la desaparición de personas, aún en zonas pobladas, sea posible.

Seguramente algunas desapariciones de personas son ausencias voluntarias. Sin embargo, no todos los hallazgos de personas cuya ubicación se desconocía corresponden a quienes se fueron porque así lo decidieron. En muchos casos, las condiciones en que son encontrados demuestran que fueron víctimas de un delito, pero no hay seguimiento por parte de las autoridades y, por lo tanto, tampoco información adicional. A esto se suma que las víctimas prefieren no hablar sobre el tema y en ocasiones es la misma Fiscalía del Estado la que les advierte que si hablan, corren peligro.

La semana pasada, el gobernador Enrique Alfaro negó que en el entorno de la Nueva Central de Autobuses haya un patrón de desapariciones. “No hay ninguna. Yo lo que diría es que llevamos los últimos días, para que ustedes los revisen, varios casos que se denuncian como desaparecidos, que tienen manifestaciones, que hay señalamientos y que terminan siendo casos que no estaban desaparecidos. Yo lo que digo es hablemos con prudencia de estos temas”.

El 27 de agosto pasado, El Diario NTR Guadalajara dio a conocer que entre enero de 2020 y julio de 2024, hay el reporte de 35 personas desaparecidas cuya última ubicación fue la Nueva Central Camionera. En la mayoría de los casos acudirían a una entrevista de trabajo. Los datos surgen de la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, según la cual en 20 casos las personas fueron localizadas, dos de ellas sin vida.

La semana pasada, el Congreso del Estado celebró un foro para hablar de reclutamiento forzado, ante una convocatoria de la diputada priista Hortensia Noroña Quezada. Quienes participaron hablaron de la realidad que se vive, de las razones por las que los jóvenes son las principales víctimas y hasta se presentaron testimonios.

Como en otros delitos, que el gobierno del estado niegue la existencia del problema tiene como principal consecuencia que no se atienda. De hecho, son académicos e investigadores ajenos al gobierno quienes revisan los datos y elaboran los mapas que permiten ver la realidad.

Así que no podemos esperar operativos especiales en las zonas con más desapariciones, ni campañas alertando a los jóvenes de lo que está ocurriendo y cuáles son los focos rojos a los que deben poner atención. Los jaliscienses tienen derecho a saber que el reclutamiento forzado existe.

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