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Inflando el informe
Sigue el tiradero de dinero
Este jueves llegaremos a 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sin que se haya conocido la verdad. Se cumplirá la primera década de uno de los episodios más terribles en la historia moderna de nuestro país y, poco más de dos meses después, Andrés Manuel López Obrador dejará la Presidencia. Su gobierno, sin duda, quedará marcado porque no cumplió con el compromiso que asumió de encontrar a los jóvenes y sancionar a los responsables.
El 26 de septiembre de 2018, ya siendo presidente electo del país, López Obrador se reunió con los padres de los estudiantes en el Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México. “Vamos a conocer lo que realmente sucedió. Que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables (...) Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”, les prometió.
El 27 de agosto pasado el presidente volvió a reunirse con los padres de los estudiantes. En el comunicado de prensa que envió la Presidencia de la República se aseguró que López Obrador refrendó el compromiso del gobierno federal de trabajar todos los días “hasta encontrar a los jóvenes, conocer la verdad y hacer justicia para ellos y sus familias”.
A lo largo de los casi seis años de gobierno de López Obrador se trabajó en el caso, pero no se cumplió con el compromiso. Los jóvenes no fueron localizados y ni siquiera hay mayores elementos que permitan tener la certeza de dónde están, no se conoce la verdad y tampoco hay responsables.
Según la información que dio a conocer después del encuentro reciente el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, el presidente dio indicaciones de reforzar cinco ejes: búsqueda en campo; fortalecimiento de procesos de identificación humana; verdad y justicia; trabajo en los procesos de extradición, y rompimiento del pacto de silencio criminal. Se escucha bien, pero faltando apenas unos días para que concluya la administración solo son conceptos vacíos y sin sentido.
El fiscal para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra justificó el compromiso al asegurar que la investigación seguirá porque no se trata de asuntos sexenales.
A lo largo del sexenio se emprendieron distintas acciones para afirmar que el tema se atendía y se buscaba cumplir con los compromisos. Sin embargo, cuando los hilos que se jalaron llegaron hasta el Ejército, no hubo más avances. La protección a los militares estuvo por encima de las promesas asumidas.
En el calendario de reuniones que se fijaron entre el presidente y los familiares se había manejado la posibilidad de un último encuentro a finales de septiembre. Sin embargo, en la conferencia de prensa matutina del 29 de agosto pasado, López Obrador confirmó que la reunión celebrada dos días antes sería la última, a menos que surgiera algún hallazgo relevante.
Al parecer, el gobierno federal se limitará a entregar en este mismo mes un informe de lo que se hizo a lo largo del sexenio. Tal vez solo pueda reconocerse que se echó abajo la llamada verdad histórica. Por lo demás, el gobierno de López Obrador cargará con la marca de haberle fallado a las madres y padres de Ayotzinapa y, en este caso, de traicionar la confianza del pueblo.
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