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Esta semana se cumple un mes de la lucha contra el robo de combustibles en el país. El balance de la lucha aún es debatible por la falta de información precisa y transparente. Sin embargo, desde hace semanas se registran sobreprecios, filas largas, racionamientos arbitrarios y ventas condicionadas. Asimismo, las actividades más apremiantes de producción y distribución han resentido la baja disponibilidad de los transportes.
Pese a estas limitaciones, se pueden señalar algunas lecciones. La primera es que la economía mexicana sigue dependiendo de los hidrocarburos. Si bien la importancia del desabasto fue inicialmente minimizada, ahora no pueden negarse sus efectos negativos. Estos incluyen la caída en la producción de bienes y servicios, los recortes de empleos, las presiones inflacionarias y los mercados negros.
La segunda lección es que la reforma energética no mejoró los procesos de producción, de distribución ni la administración de los combustibles. Más bien, la evidencia sugiere que se institucionalizó la corrupción, la colusión y la ineficiencia entre funcionarios públicos, los trabajadores del sector y las empresas privadas. Por esta razón, todavía no hay estimaciones confiables sobre los daños al país.
La tercera es que hace falta mejorar la planeación, las estrategias y las acciones gubernamentales. La comunicación poco clara, la incapacidad de reaccionar y la falta de firmeza, sin lugar a dudas, contribuyeron a agravar el desabasto.
La cuarta es que se requiere mejorar la infraestructura petrolera del país. La lucha contra el robo de combustibles y el desabasto hicieron evidentes la falta de inversión, de mantenimiento, de diversificación y de tecnología que han prevalecido en la industria durante los últimos años. Más aún, las pipas hicieron manifiestos los costos de largo plazo derivados de haber extraído excesivamente las rentas del petróleo mediante mecanismos legales e ilegales.
La quinta lección es que el desabasto mostró que la ciudadanía tiene la capacidad de solventar problemas colectivos mediante la autogestión. Los celulares y las redes permitieron subsanar parcialmente la falta de información confiable. Las redes sociales demostraron ser medios eficaces de orientación y coordinación ciudadana ante el desabasto. Más aun, fueron capaces subsanar los fallos de las instituciones públicas y privadas.
Las lecciones son varias y todavía hay una última: si no se hace justicia y se castiga a los responsables, el bono de legitimidad de AMLO, lo mismo que la gasolina, tenderá a desaparecer y a causar efectos negativos en la sociedad.
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JJ/I