¿Y la seguridad?

En estos días hemos estado muy ocupados con la discusión sobre lo que se debe hacer con la Villa Panamericana, a lo que me referí la semana pasada en este mismo espacio, dando cuenta de que el gobierno del estado parece haber adoptado la política de hechos consumados, pese a que eso propicia la corrupción y la impunidad.

Ahora bien, sin pretender restarle importancia a esa situación, creo que también debemos dedicar un tiempo a revisar lo referente a la seguridad, un tema que nos involucra a todas las personas, pero que no está siendo abordado a profundidad, pese a que la realización de nuestras actividades cotidianas se basa en el supuesto de que no sufriremos ningún atentado contra nuestra integridad o nuestras posesiones, al realizarlas o durante el trayecto que debemos recorrer para realizarlo.

El problema es que ese supuesto no se está cumpliendo en este momento, pues como sabemos, nuestro país tiene más de una década en una situación que prácticamente es de guerra civil que no se ve para cuándo podrá llegar a término.

La magnitud de la gravedad del problema que estamos enfrentando se puede vislumbrar si comparamos nuestra situación con la lista circunstancias que propician la inseguridad y la violencia, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): una historia reciente de violencia o de conflicto; problemas internos, como un alto índice de desempleo entre los jóvenes, economías de guerra, una creciente desigualdad en los ingresos y una injusticia aparente; problemas externos, como la disponibilidad de armas de fuego ilegales, movimientos de la población, aumento del crimen organizado, presencia de redes de tráfico de drogas o conflictos entre los grupos de criminales por causas de control territorial; un desarrollo urbano rápido o mal planificado y la pobreza urbana; tensiones subyacentes y conflictos por diferencias políticas, religiosas o étnicas, inequidad e injusta asignación de recursos; una cultura de impunidad, de instituciones de seguridad no responsables, de corrupción o de un estado de derecho deficiente; y una crisis en la gobernanza e instituciones débiles como la policía, el sistema judicial y los servicios de seguridad que no pueden hacer frente o prevenir estos problemas.

Como se puede ver, todas las circunstancias se dan en nuestro caso, en mayor o menor medida. De ahí que sería una buena idea trabajar para implementar lo que el PNUD denomina seguridad ciudadana, que “es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento”.

El propio PNUD aclara que la seguridad ciudadana “no trata simplemente de la reducción de los delitos, sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia”.

Queda claro que, desde esa perspectiva, quienes habitamos este país tenemos mucho que hacer, y que no podemos abandonar el asunto en manos de nuestras autoridades, especialmente si su estrategia se reduce a incrementar el número de agentes del orden en la calle, y a dotarlos de suficientes municiones para combatir con delincuentes armados.

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@albayardo

JJ/I