¿Hay Estado en México?

“Las mujeres wixárikas le piden a Nemesio Oseguera que detenga los abusos. Las madres buscadoras de Sonora piden a los jefes del narco treguas para buscar a sus hijos. ¿Qué dice de México? ¿No hay gobierno? ¿Solo estas mujeres tienen la lucidez y tamaños para interpelar al narco?”. Estos son los cuestionamientos que la escritora mexicana Alma Delia Murillo nos plantea desde su cuenta en X (Twitter) a toda la nación mexicana, no solo al gobierno.

Y a ese cuestionamiento es necesario sumar el que plantea a través de un comunicado, que se puede consultar en http://bit.ly/3vFC1ib, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, una agrupación compuesta por más de 84 colectivos de 25 estados de la República mexicana y de tres países de Centroamérica, a los que acompañan alrededor de 40 organizaciones civiles, al conmemorar el sexto aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en el sentido de que los gobiernos federal y locales deben reconocer la magnitud de la tragedia de las desapariciones que padecemos, y actuar conforme a los principios establecidos en esa ley.

Dichas organizaciones nos recuerdan que la ley sobre desaparición, “no fue un acto espontáneo ni una iniciativa proactiva del gobierno mexicano. Al contrario, surgió como resultado de una presión social intensa y las propuestas concretas generadas por la acción política organizada de las familias de personas desaparecidas, muchas de ellas articuladas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México”.

Frente al “clima de violencia y criminalidad, y ante la indiferencia y pasividad de las autoridades en establecer mecanismos efectivos de búsqueda e identificación”, las familias se organizaron para ejercer su derecho fundamental a participar en la búsqueda e identificación de sus seres queridos.

En ese sentido, es una ofensa que estén desmantelando instituciones creadas para llevar a cabo esas tareas, en colaboración con las familias. Por eso es por lo que observan “con profunda preocupación y decepción los intentos del gobierno de regresar a debates ya superados, lo que resulta en una revictimización y desvalorización de nuestros esfuerzos” y les “alarma que, en vez de un Estado comprometido con la búsqueda activa de personas, las instituciones parecen enfocarse en disputar las cifras de desaparecidos.”

De hecho, coincidió con la publicación del comunicado, la noticia de que el Centro Nacional de Identificación Humana, una dependencia del Centro Nacional de Búsqueda, ubicado en Morelos, está siendo desmantelado, pues se despidió a 60 por ciento de su personal, y el edificio en el que operaba, bajo comodato, será devuelto en estos días al gobierno de Morelos, su propietario.

Ante estas circunstancias, no es de extrañar que exijan a los gobiernos federal y locales que entablen un diálogo que reconozca su conocimiento y aporte histórico a la construcción de una política pública integral para revertir las desapariciones en nuestro país, y que el Estado mexicano detalle claramente su plan de trabajo, con plazos y objetivos definidos, para que, junto con las organizaciones de búsqueda, tracen un camino claro para abordar el fenómeno de las desapariciones.

Y como el Estado mexicano somos quienes habitamos este territorio, junto con las autoridades que se supone que designamos para que nos gobiernen, la última exigencia está dirigida también a nosotros. Es decir, ¿qué vamos a hacer, cuándo, cómo y para qué, junto con las organizaciones de buscadoras, para comenzar a resolver el gravísimo problema de las desapariciones? ¿O las dejaremos solas?

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