La DEA infiltrada

Los sucesos del pasado jueves 17 de octubre en Culiacán habrán de revisarse varias veces hasta lograr descifrar qué fue lo que realmente sucedió a esas horas aciagas para la población de la capital sinaloense.

Hasta ahora nadie en lo personal ha asumido la decisión de haber preparado he iniciado el operativo para la captura y presumible deportación a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, hoy el más afamado de los hijos de El Chapo.

Existen otros datos que pueden servir para explicar en parte lo sucedido. Hace poco más de un mes el director interino de la DEA, Uttam Dhillon, visitó Culiacán para entrevistarse con el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Poco se supo de ese encuentro privado del que Ordaz solo reveló que su gobierno pidió apoyo de la DEA para su gobierno en recursos económicos, materiales y técnicos para el combate al narcotráfico.

Sin embargo, corren versiones que desde entonces pudo haberse fraguado el operativo mediante el cual los agentes de la DEA pretendían capturar al hijo de El Chapo con fines de extradición a Estados Unidos y con ello fracturar la política del actual régimen contra el crimen organizado, basada en la recomposición del tejido social y la atención a los jóvenes, sector más vulnerable para el reclutamiento para la delincuencia.

Difícil que el gobierno federal pudiera admitir que todo el fallido operativo que dio paso a las horas de violencia y pánico vividas en Culiacán fue ideado y puesto en práctica sin que los titulares de la Guardia Nacional y las Secretarias de la Defensa y Marina, se hubiesen enterado, pero más difícil es creer que alguno de ellos hubiese sido tan ingenuo para llevar acabo un operativo tan débil para un caso tan importante.

De cualquier forma se logró salvar un momento crítico sin saldo catastrófico, aunque los 8 fallecidos en las refriegas del jueves no son poca cosa.

AHORROS

Otro elemento a considerar es que la primera cabeza caída por lo ocurrido en Culiacán fue la de Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, director del penal local, de donde su fugaron 55 internos el mismo jueves de terror.

La penetración que el crimen organizado pueda tener en los centros penitenciarios y en los gobiernos municipales y estatales puede ser mucha al grado de impulsar acciones que puedan lesionar la imagen del gobierno federal.

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JJ/I