De Huentitán y la sesión del despojo

De cómo empezó un despojo a los habitantes de Guadalajara da cuenta el acta de la sesión del 19 de junio de 2008 del ayuntamiento. Ese día se aprobó la voltereta a lo que se pretendía fuera un parque municipal en Huentitán. De propiedad pública, un enorme predio lo pasaron a negocio privado. A cambio, lo prometido fue un fiasco. El dictamen que avaló el decreto-despojo obtuvo 19 votos a favor, uno en contra y una abstención, que se sumó a la mayoría. Sólo la regidora Celia Fausto Lizaola emitió voto adverso. 

La sesión la presidió el alcalde panista Alfonso Petersen Farah. Los ediles que dieron el visto bueno al decreto del proyecto Puerta Guadalajara, relevado después por el proyecto Iconia, fueron Juan Pablo de la Torre Salcedo, Ana Elia Paredes Árciga, Leobardo Alcalá Padilla, José Manuel Correa Ceseña, Myriam Vachéz Plagnol, José García Ortiz, Claudia Delgadillo González, Salvador Caro Cabrera, Luis Alberto Reyes Munguía, Laura Patricia Cortés Sahagún, Salvador Sánchez Guerrero, Marta Estela Arizmendi Fombona, José Antonio Romero Wrroz, Héctor Alejandro Madrigal Díaz, Pablo Vázquez Ramírez, Álvaro Córdoba Pérez, José María Martínez Martínez, la síndico Verónica Rizo López y Petersen Farah. 

María del Rocío Corona Nakamura se abstuvo. Celia Fausto Lizaola, la única discordante, criticó que, una vez más, se violara el reglamento del ayuntamiento “para elevar dictámenes de la mayor trascendencia”, y cuestionó el proyecto que, advirtió, daba un “espléndido” cheque en blanco a la empresa española. 

En sus páginas 81 a la 107 el acta cuenta cómo se tomó la decisión. Con el aval mayoritario, precedido de una comisión especial que consideró viable el proyecto, se abrogó el decreto D100/26/06, aprobado por el ayuntamiento el 30 de diciembre de 2006, que creaba el Centro Ferial de Guadalajara. Los regidores aprobaron el convenio de asociación entre el Municipio y la empresa Mecano América para el proyecto Puerta Guadalajara, mediante la afectación y aportación condicionada de 136 mil 495 metros cuadrados a un fideicomiso, para el cumplimiento de las obligaciones y garantía de los derechos de la empresa y el ayuntamiento. 

El trato se condicionó al cumplimiento de la entrega al ayuntamiento de obras que ese año valían 65.5 millones de dólares, y que incluían un palacio de congresos, un museo panamericano, la urbanización de 82 mil metros cuadrados, y en predios aledaños al desarrollo Puerta Guadalajara, la rehabilitación del Planetario, la reforestación del parque Zoológico Guadalajara, un hospital y una escuela primaria. Las fechas límites de entrega, 2010 y 2012, no se cumplieron. 

El decreto aprobado favorecía generosamente a la empresa que construiría como sus negocios un centro comercial, torres de departamentos y oficinas y un hotel. El “beneficio social”, el “impulso económico”, la generación de empleos y la presumida inversión que vendría de 700 millones de dólares quedaron en promesas. 

Detrás de la aprobación del convenio están, mínimo, dos lógicas vigentes o normalizadas: una, privatizadora, que desmantela, concesiona, oferta lo público para negocios de particulares. Otra, política, donde los partidos mayoritarios en cabildos y otros espacios no escuchan, no debaten y menosprecian a las minorías. 

Los siguientes alcaldes tapatíos dejaron pasar o refrendaron las irregularidades, la falta de transparencia, los negociazos y los incumplimientos de las empresas. El capital inmobiliario de nuevo se impuso. Vecinos se han opuesto a la pérdida del espacio a través del Parque Resistencia Huentitán y han denunciado que existe corrupción. Cada pésima decisión de los Municipios, como la narrada, daña a los habitantes de la casa colectiva. 

Twitter: @SergioRenedDios

jl/I