Desapariciones, la nube sobre los jóvenes

La desaparición de los siete trabajadores del call center que en los últimos días ha provocado diferentes manifestaciones confirma un dato alarmante: los jóvenes en Jalisco son en este momento las principales víctimas de este delito. Las razones no las conocemos, aunque por algunos detalles de casos en los que hay más de una persona desaparecida podríamos entender que una línea sería que, incluso en contra de su voluntad, son mano de obra para el crimen organizado.

Una de las primeras señales de este fenómeno se conoció en 2019, cuando se descubrió que el Cártel Jalisco Nueva Generación reclutó a jóvenes en la sierra de Ahuisculco, en el municipio de Tala, para someterlos a trabajo forzado. Los detalles pueden leerse en un extraordinario reportaje elaborado por los periodistas Alejandra Guillén y Diego Petersen, quienes confirmaron que, engañados con ofertas de trabajo, reclutaron a decenas de personas de diferentes lugares. Muchos de esos jóvenes fueron asesinados y enterrados en el mismo campamento.

Este domingo, el periódico El Informador le puso números: en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, es decir, de diciembre de 2018 a la fecha, han desaparecido en Jalisco 3 mil 503 personas entre los 20 y los 29 años. Este es un récord en desaparición de jóvenes, pues superó ya los 2 mil 547 que se registraron en todo el sexenio de su antecesor, el priista Jorge Aristóteles Sandoval.

Las desapariciones se convirtieron ya en un tema que está en la vida de nuestros jóvenes. Porque entre quienes se desconoce su paradero están sus amigos, sus compañeros de escuela o incluso integrantes de sus familias.

Además, han tenido que modificar su forma de vivir. Ahora tienen que estar localizables todo el tiempo, reportarse cuando salen, si llegan a la escuela o al trabajo, cuando van rumbo a casa, instalar aplicaciones en los teléfonos para la geolocalización permanente y cualquier herramienta que implique ciertas condiciones de seguridad.

Así, a las dificultades de conseguir un trabajo digno, en el que es poco probable que tengan acceso a prestaciones sociales, los jóvenes deben enfrentar el fenómeno de la inseguridad y la terrible sombra de las desapariciones.

En cualquier lugar del mundo, una situación como esta tendría que implicar un giro de timón en el gobierno. En Jalisco, lo más que hemos logrado es el tuit que publicó ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en el que aseguró que el tema de los jóvenes que laboraban en el call center podría ser “más complejo de lo que parecía”, le pasó parte de la responsabilidad a la Federación y dio continuidad a la narrativa de criminalización de los desaparecidos.

El problema de los jóvenes que desaparecen requiere mucho más que eso. Tendrían que hacerse las revisiones, con los datos disponibles, para saber qué está sucediendo y por qué este sector de la población es uno de los focos de atención. Si esto no sucede, difícilmente la crisis podrá controlarse.

Pero ese análisis no ha sido posible porque la principal preocupación de las autoridades parece ser el manejo de los números, para evitar que las cifras se disparen. Parte de esa estrategia ha sido ni siquiera mencionar el tema, como si con eso desapareciera. Un ejemplo de ello es que un tuit del gobernador mencionando un caso verdaderamente causó sorpresa.

Dejar a nuestros jóvenes en manos del crimen organizado no puede ser una opción. En casos anteriores, como la desaparición de los estudiantes de cine, el caso de Wendy o el de los tres estudiantes en la zona real, parecían la gota que derramaría el vaso. No ha sido así para las autoridades y, desafortunadamente, tampoco para los ciudadanos.

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