Historias

Allá por principios de los ochenta del pasado siglo 20 tuvo lugar un episodio sorprendente en el México de entonces: aparecieron cuerpos sin vida en la desembocadura del río Tula hacia el drenaje profundo del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

Esas personas habían sido ejecutadas y el destape de la masacre ocurrió debido a una llamada que recibió Estela Pérez, madre de Ernesto Magallán, en la que le avisaban que unos agentes estaban cateando su vivienda.

Agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), a cargo del coronel Francisco Sahagún Vaca, habían detenido a Armando, hijo de Estela, vinculado aparentemente a robos a casas-habitación, ya que era chofer de un grupo de colombianos que ejecutaban los delitos.

Así, las pesquisas de Estela la condujeron a la identificación de su hijo entre la docena de cadáveres que habían aparecido flotando en las márgenes del río Tula, en la zona de la última compuerta del drenaje profundo en el pueblo de San José Acoculco, Hidalgo.

Recuerdo también, años después, las expresiones de estupefacción que se escuchaban al difundirse la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, cuando se dieron a conocer los hallazgos de restos humanos divididos en varias decenas de fosas clandestinas. La información fue fluyendo poco a poco hasta alcanzar la cifra de más de 190 restos humanos.

Aquellos hechos fueron atribuidos al cártel de Los Zetas, uno de los grupos del crimen organizado más violentos que operaba en la zona costera del golfo de México y en el norte del país.

A partir de entonces, las acciones de los cárteles fueron cada vez más violentas, generalmente entre sus militantes compitiendo por nuevos territorios, pero también hacia la población en general, afectando a personas y familias inocentes que ni la debían ni la temían.

Estos hechos han provocado una crisis severa de desaparecidos. Las acciones de reclutamiento forzado en Jalisco que NTR ha dado a conocer multiplican las cédulas de desaparición de personas en el estado.

A la par de la crisis de desapariciones, en la que Jalisco tiene el poco honorable primer lugar, está la existente en el servicio médico forense estatal, que no se da abasto para clasificar, identificar y entregar a la gran cantidad de cadáveres y partes humanas que son encontradas por las organizaciones de buscadores encabezadas por familiares de desaparecidos.

Resulta inevitable abordar nuevamente el tema de los hallazgos del Rancho Izaguirre, de Teuchitlán. Aunque la discusión ha prevalecido en torno al nombre que se dé al lugar, ya sea centro de entrenamiento o de exterminio, la realidad es que lo encontrado deja claro que ahí moría mucha gente.

Continúan apareciendo este tipo de instalaciones en las que, al parecer, se recluta y entrena a gente para las filas de esbirros del cártel y aquellos que se niegan son ejecutados y sus cuerpos desaparecidos.

¿Hasta cuándo continuarán las autoridades permitiendo que esto suceda? La negación de estos hechos, como sucedió durante el gobierno de Enrique Alfaro, sólo muestra complicidad. La nueva administración ha comenzado por aceptar la existencia del problema y, al parecer, tomará acciones para resolverlo.

Así sea.

X: @benortegaruiz

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