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Apuesta de campaña
El voto despojando afores
Al momento de escribir estas líneas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acababa de difundir a través de su cuenta de Twitter un comunicado sin fecha ni ubicación, pero que ostentaba el logotipo del gobierno de Jalisco, aunque estaba alojado en una plataforma en Internet de uso privado, lo que hace dudoso el carácter público del documento, si bien al parecer lo es.
Dicho documento, redactado al modo de un boletín de prensa, informa que “(d)espués de escuchar y dialogar con diferentes organizaciones civiles y colectivos de mujeres y feministas, académicos, miembros de la sociedad civil y organismos defensores de los derechos humanos; el gobierno de Jalisco llevará a cabo las siguientes acciones para consolidar el mejor Mecanismo de Adelanto para las Mujeres (MAM) en el país”, por lo que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres se dedicará exclusivamente a trabajar en el MAM. El documento se aloja en la siguiente dirección electrónica: ealfa.ro/MAM.
Adicionalmente, el documento señala que, como parte de ese compromiso, se creará una Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, se conformará un alto consejo asesor en materia de derechos humanos, y se diseñará un reglamento enfocado a la agenda de género.
A reserva de conocer la propuesta detallada, incorporar las perspectivas de género y de derechos humanos en el quehacer gubernamental me parece muy positivo y sumamente necesario. Es muy difícil evitar violaciones a los derechos humanos por parte de un gobierno que no los tiene como su marco fundamental para tomar decisiones, por lo que, ahora que se discute la posible refundación de Jalisco, es relevante incorporar esos dos marcos axiológicos en la discusión.
El problema con ese tipo de propuestas es que es muy difícil llevarlas a la práctica, dado el abanico tan amplio que forman en conjunto los derechos humanos y la perspectiva de género, por lo que propongo que la perspectiva de derechos humanos se incorpore a la toma de decisiones públicas, considerando siete rasgos normativos que expongo a continuación. Aclaro que no propongo algo equivalente para la perspectiva de género porque no tengo tanta pericia al respecto, pero sería necesario hacerlo.
Eficacia, entendida como mecanismo para garantizar a todas las personas el acceso a los satisfactores básicos en materia de salud, educación, agua potable y alcantarillado, etcétera, a través de la adopción de medidas tendientes a la universalidad, para que cada vez más personas disfruten de dichos servicios.
Eficiencia, a través del uso del máximo posible de los recursos disponibles, con el fin de satisfacer los niveles mínimos esenciales de disfrute de los derechos humanos, por lo que es necesario evitar el desperdicio y el gasto innecesario, lo que no significa gastar menos, sino gastar mejor.
Efectividad, remediando el daño producido por cualquier situación que propicie la violación de derechos humanos o que impida su disfrute, tomando las medidas necesarias para evitar que se repitan esas circunstancias.
Progresividad, que implica un compromiso específico, permanente y constante, de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de los derechos, con medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible con ese fin.
Participación e inclusión en todas las fases de elaboración de las políticas públicas, ofreciendo a las personas interesadas la oportunidad de tomar parte en las decisiones, así como recoger y valorar sus aportes, pues de ello se puede derivar la formulación de políticas que reflejen más consistentemente las necesidades y preocupaciones de la población.
Transversalidad e integralidad, dado que los derechos humanos son indivisibles, universales e interdependientes, una política pública enfocada a extender su rango de disfrute debe permear todas las estructuras gubernamentales, e incluir a la iniciativa privada, sociedad civil y academia.
Transparencia en el proceso de toma de decisiones, y rendición de cuentas respecto a dicho proceso y los resultados obtenidos, para que la sociedad juzgue si está avanzando en el disfrute de sus derechos humanos.
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@albayardo
JJ/I