Quinto Patio

La presa de Arcediano no trajo ni una gota de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero nos costó a los jaliscienses casi mil millones de pesos. En información entregada por la Comisión Nacional del Agua a un ciudadano se señala que se destinaron al menos 238 millones de pesos para la presa que nunca se construyó, que se suman a los 673 millones que se usaron del crédito de abasto por parte del gobierno del estado. Lo que no queda muy claro todavía es en qué se usó ese dinero.

Los cheques llegaban, uno tras otro, y de la presa… nada. Hubo desalojos de vecinos que habitaban en el poblado del fondo de la barranca, removieron el histórico puente, hicieron estudios, y de la presa… nada. Y de la transparencia en el uso de los recursos, tampoco, nada.

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El lunes 3 de febrero, lo dijo así el gobernador Enrique Alfaro en un video que circula en redes sociales: el gobierno de Jalisco está haciendo desde el año pasado las obras que se necesitan para sanear el río Santiago; “sin embargo, hay quienes hoy todavía piensan que nos tienen que hacer recomendaciones; particularmente me llama la atención ese ánimo de aparecer, tal vez para justificar su trabajo y su cheque, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ahora dice que va a sacar otra macrorrecomendación. Déjenme decirles una cosa para que quede claro desde un principio: no necesito que la comisión me haga recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en el río Santiago; lo estoy haciendo desde el primer día de mi gobierno”.

Este 5 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó otorgar medidas cautelares a favor de vecinos de las zonas aledañas al río Santiago, tras considerar que se hallan en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos por la contaminación en el afluente y el lago de Chapala. Imaginemos que Alfaro responda algo así: “Hay quienes hoy todavía piensan que nos tienen que hacer solicitudes; particularmente me llama la atención ese ánimo de aparecer, tal vez para justificar su trabajo y su cheque, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora pide que adoptemos medidas para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores del río Santiago, en Juanacatlán, El Salto y Poncitlán. Déjenme decirles una cosa para que quede claro desde un principio: no necesito que la comisión me haga recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en el río Santiago; lo estoy haciendo desde el primer día de mi gobierno”. Sólo que aquí es o-bli-ga-to-rio lo haga, con la Federación y municipios.

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Recordemos que la CIDH solicita al Estado mexicano que le informe, en un plazo de 15 días, sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica. Aprobada la resolución de la CIDH el miércoles 5 de febrero y dada a conocer en un comunicado el viernes 7, en ese lapso el mandatario organizó precisamente el día 5 el recorrido (“macroexcursión”, la llamó) por el río Santiago; el jueves 6 dio rueda de prensa para explicar la estrategia integral de saneamiento, y el mismito viernes 7 se reunió en la Ciudad de México la coordinadora de gestión del territorio, Patricia Martínez, con el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, y acordaron instalar una mesa de trabajo y emprender acciones conjuntas.

Hasta pareciera que los tiempos del gobierno estatal coincidieron por ca-sua-li-dad con los de la CIDH. Las autoridades federales y locales se movieron rápido para responder en mejores condiciones a la comisión y mostrar que los dos niveles de gobierno están trabajando, jun-ti-tos, en pro del afluente. ¡Que nadie piense que los acicateó la CIDH!

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