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Autoridades estatales reconocieron que hay responsables del desastre de hace un año en San Gabriel que cobró seis vidas, incluyendo una mujer desaparecida. A pesar de esto, con el municipio se lavaron las manos y tiraron la bolita a la Federación, que investigara la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Como sucede en la vieja y ahora en la nueva normalidad, las investigaciones no avanzan y sigue la impunidad.
Por si fuera poco, los incendios y la deforestación en la sierra y selva sangabrielense aumentan para la plantación aguacatera y también para la de mezcal. ¿Y la autoridad? Develando placas y organizando conmemoraciones que lo único que causaron fue el enojo de la población. Gastarse 75 mil pesos en eventos para recordar el 2 de junio fue visto como una ofensa a las víctimas, y más cuando en la placa no colocaron los nombres de los fallecidos, sino los del alcalde y ediles, como si fuera un logro. ¡Vaya, pues!
***
El alcalde tapatío, Ismael del Toro, se sinceró en su programa en línea: no se abren centros comerciales ni corredores comerciales, porque la gente no entiende que sólo es para consumo y no para pasear. Lo constató este fin de semana, cuando vio a muchas familias salir a pasear por el centro del camellón y en grupos, lo cual no es conveniente por no ser tiempo de convivencia y, como estos giros lo propician, los cierran.
Supuestamente estos 15 días serán de prueba para ver si pueden abrir. Sugerimos que también por las mañanas, pero sobre todo por las tardes, se dé una vuelta cerca de palacio municipal para comprobar que también hay familias paseando con carriolas y niños o grupos de todas las edades, y hasta en los restaurantes. ¿En 15 días la gente entenderá y ya no saldrá de paseo? Lo du-da-mos.
No es la primera vez, ni será la última, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrige la plana a los diputados locales. Ahora fue por aprobar la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares, donde les daban facultades a los ayuntamientos para intervenir en el seguimiento de medidas cautelares supuestamente para ser más eficientes; y desde la CDMX ya señalaron que es ilegal, que las facultades sólo son de los estados y de la Federación.
Incluso, también los legisladores se metieron a reformar sobre la disposición de justicia de adolescentes, cuando sólo es facultad del Congreso de la Unión. Lo sorprendente es que sabían que esto podría pasar y no les importó, con el argumento de que querían ayudar a los ayuntamientos, quienes promovieron esta reforma. Y como suele pasar en esta Legislatura, no tuvieron tiempo para analizar el tema de fondo, lo aprobaron con la velocidad de la luz, sin importar que queden mal a nivel federal o que poco a poco los vayan corrigiendo, como ocurrió este lunes.
Una rayita más al tigre. Luego de tantas observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco acerca de los malos manejos de investigaciones de personas desaparecidas, la recomendación de este martes ya no cambia mucho la actitud de las fiscalías ni del gobierno. Y se trata de casos que ya habían sido del dominio público por escandalosos, como el de la persona que fue a reclamar el cadáver de su familiar al Semefo y resultó que ya no lo tenían. Y que ni siquiera sabían dónde quedó. También el de una mujer que encontró el cuerpo de su hijo en un pozo, se lo dieron incompleto, regresó a buscar las partes y encontró más.
Lo inverosímil es verosímil. Ya no se han tenido más cadáveres paseándose en tráileres, como en 2018, pero los funcionarios de procuración de justicia y de seguridad se niegan a informar qué está pasando en las morgues y se empeñan en decir que no están rebasados. Tenemos otros datos.
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jl/I