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Ahora resulta que los problemas de salud alrededor del río Santiago y del lago de Chapala no son por la contaminación del agua, sino que la culpa la tienen ¡los refrescos y los gansitos! (¡Chanclas!, con el “Recuééééérdame”, del gansito). Así lo declaró este jueves la coordinadora de Desarrollo Social del gobierno de Jalisco, Anna Bárbara Casillas García, durante una presentación triunfalista, por decir lo menos, de los supuestos avances en la estrategia Revive el Río Santiago. La funcionaria se aventó otras perlitas, como afirmar que la salud y muerte en torno al caso tienen que ver en menos de 20 por ciento con el medio ambiente y más de 40 por ciento con el estilo de vida saludable o no de la gente.
Las declaraciones de la funcionaria fueron consideradas una falta de respeto muy grave por pobladores de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, los tres municipios señalados en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso. Eso sí, los funcionarios estatales no presentaron información sobre la mortalidad de la población ni del crecimiento industrial en la zona que sigue imparable y se taparon los ojos frente a la contaminación de dos grandes basureros instalados junto al río y que no han tenido avances importantes en su remediación ambiental. Nomás.
El Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción presentó su octavo informe y advirtió de muchas omisiones y fallas que aún adolece. La principal es el Poder Judicial donde se atoran las carpetas, que por fin se logró avanzar para que se integraran por parte de las contralorías y la fiscalía anticorrupción, peeeeero cuando se deben dar las sentencias, ahí se quedan durmiendo.
El observatorio reconoció que quizás falte personal y recursos para aminorar la carga laboral, pero que no han levantado la voz para señalarlo y tampoco se muestra voluntad política para evitar esta impunidad. Y mientras el Poder Judicial siga siendo el eslabón más débil del sistema y no quiera avanzar, el sistema estatal anticorrupción se mantendrá en buenos deseos.
A lo AMLO, así acusa la UdeG que el gobernador Enrique Alfaro responderá a la megamarcha del miércoles. En un comunicado, la casa de estudios afirmó que circula un mensaje de WhatsApp pidiendo a los trabajadores del servicio público que acudan a manifestarse para defender a Alfaro de la UdeG y pelearle a la Universidad. Hasta les prometen días de descanso y toda la cosa a cambio.
El gobierno de Jalisco, en un micromensaje, afirmó que NO (así, en mayúsculas) está obligando a nadie a organizar una marcha; hasta ahí. Es decir, nunca negó la organización de una marcha, solo que no están obligando a nadie. ¿Será? Por lo pronto, dice Alfaro que no le preocupa que en la UdeG lo consideren non grato, al fin que, a-se-gu-ra, “la enorme mayoría de la comunidad universitaria apoya a su gobernador (…)”. Quihubo. ¿Cómo les quedó el ojo?
Y, en otro capítulo de la telenoverla Grupo UdeG y universidad versus gobernador y partido naranja, recordemos que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara ya había advertido que la administración alfarista busca reducir su aportación para asfixiarlo. No es consuelo, pero la Academia Mexicana de Arte y Cinematografía informó que enfrenta una grave crisis financiera.
La academia advirtió que por la falta de apoyo del Estado (léase gobierno federal), mete pausa y posterga la convocatoria al Premio Ariel 2023. Ayer, el cineasta tapatío Guillermo del Toro denunció que la “sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones (…) ha sido brutal”. Y añadió: “Sobrevivimos al sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes”. Ai les hablan, Alfaro y AMLO.
¡Ámonos a la FIL!
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jl/I