Estancados

El 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes normalistas viajaba en autobuses hacia la Ciudad de México desde Guerrero para participar en una protesta. Durante su trayecto se toparon con la policía municipal de Iguala, lo que resultó en un enfrentamiento y la desaparición de 43 estudiantes.

Tras estos hechos se inició una investigación que reveló la implicación de autoridades locales, incluyendo la Policía Municipal, en el incidente. También se descubrió que los normalistas habrían sido entregados a miembros del crimen organizado.

Dar estos datos parece cíclico y que, en realidad, nada nuevo hay por aportar. Pero vale la pena hacer un ejercicio de memoria, de recuento para contribuir a mantener vivos este tipo de actos atroces en los que, hasta ahora, nueve años después, las familias de las víctimas no se sienten escuchadas ni respetadas. No sienten que la justicia haya llegado.

A finales de julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que trabajó durante ocho años en tratar de esclarecer el caso acabó su participación. Entregó un último informe y, durante su presentación, los dos especialistas que quedaron de aquel grupo múltiple y diverso reconocieron que no podían avanzar más.

Todo lo que se encontró el GIEI desde su llegada a México respecto a las investigaciones sobre Ayotzinapa “se convierten en factores de impunidad cíclicos e imposibles de modificar en sus efectos nocivos, ante la utilización de métodos como la tortura, la falsificación, la obstrucción, y la negativa de información, que hacen que la justicia jamás pueda ser accesible para las víctimas y para la sociedad”, señalaron. Así fue su cierre.

En este noveno aniversario, el presidente López Obrador dirigió una carta a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, en la que da cuenta de que se les entregaría un informe sobre el caso. Las familias se negaron a recibirlo y acusaron al gobierno de ocultarles datos y de ponerse del lado del Ejército, señalada como una de las instituciones que más resistencia ha puesto a dar información.

El documento, llamado Ayotzinapa. Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada, y fechado en septiembre de 2023, reporta conversaciones, declaraciones y datos en general relacionados con la desaparición de los estudiantes.

En dicho informe se señala: “De acuerdo con diversos testimonios, es probable que a los estudiantes se les haya separado en al menos tres grupos y que los hayan llevado a diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco”.

Y se acota, además de tres posibles motivos de la desaparición, que no hay pruebas de que los estudiantes hayan estado vinculados al crimen organizado.

Sin embargo, pese a toda esta información, hay un hecho indiscutible: los estudiantes no han sido encontrados. Ningún compromiso de ninguna autoridad sirve si no hay respuestas para las víctimas y que ellas reciban aquello que consideren como justo.

Ahora, nueve años después, parece que en realidad poco ha cambiado para bien. Las personas, cientos, miles, siguen desapareciendo, ya no sabemos si por omisión, incompetencia o complicidad de quienes gobiernan.

Son ejemplo de ello los seis jóvenes privados de la libertad en Lagos de Moreno hace mes y medio, y que siguen sin ser encontrados, lo mismo que los siete muchachos desaparecidos apenas el domingo en Villanueva, de los que seis cuerpos ya fueron entregados y sepultados por sus familiares.

Ayotzinapa sigue existiendo tanto como existe este México en el que ya pedimos al menos tener un cuerpo para llorar la ausencia y vivir el duelo por nuestros muertos.

Ayotzinapa terminó por convertirse en todo un país.

México.

X: @perlavelasco

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