Ocupación y políticas

La semana pasada, el Inegi publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el cuarto trimestre de 2018. La encuesta permite analizar y comparar las condiciones laborales prevalecientes en el país. Asimismo, permite hacer seguimientos, a nivel agregado, de la ocupación y el empleo en el tiempo. Por estas razones, la encuesta es un referente útil para formular y evaluar políticas públicas.

La ENOE 2018 muestra que la población ocupada, (i.e. la que trabaja en la producción de bienes y servicios) a finales del año pasado ascendió a 54 millones 194 mil 608 personas. Si se considera que, la población ascendió a 125 millones 191 mil 900 personas; las cifras implican que, de cada 10 mexicanos, sólo cuatro producen bienes y servicios. Por tanto, lo que la evidencia sugiere es que se requiere promover la ocupación y el empleo de la población. 

La encuesta también muestra que hay variaciones significativas en los ingresos y las condiciones laborales de la población ocupada. Estas variaciones ocurren porque hay 36.9 millones de trabajadores subordinados y remunerados; 12.1 millones que trabajan por su cuenta; 2.5 millones que trabajan sin recibir remuneración, y 2.7 millones que son empleadores. En este contexto, cabe señalar que hay trabajadores formales e informales en todas las categorías.

La ENOE sugiere que las condiciones de la población ocupada podrían mejorar si se redujera la informalidad y si se homologarán sus condiciones laborales. Según los resultados de la encuesta, en el país hay 25.5 millones de personas ocupadas formalmente y 30.7 millones ocupadas informalmente. En este contexto, las políticas y las decisiones públicas podrían tener un papel relevante para mejorar las condiciones laborales. 

Desafortunadamente, las medidas adoptadas por la administración federal no son consistentes con la mejora de dichas condiciones. Entre las medidas más inconsistentes se incluyen la reducción indiscriminada de salarios por decreto; la eliminación de apoyos para madres ocupadas informalmente; el debilitamiento deliberado de los organismos reguladores y autónomos, y la asignación de puestos públicos con base en criterios políticos, no técnicos.

Indudablemente, se requieren cambios en las políticas adoptadas por la administración federal. La certidumbre y la cooperación entre los agentes económicos resultan necesarias para promover el desarrollo. Por esa razón, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores requiere que haya cambios, certidumbre y cooperación a la brevedad.

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