La crisis forense que se niega

La constante aparición en Jalisco de cuerpos sin vida despedazados, lacerados y cosificados por sus asesinos ha puesto de nuevo los ojos en los servicios que ofrece el gobierno estatal a través del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Ahí van a parar cientos de víctimas que se hallan en fosas clandestinas cavadas sin problemas, pozos convertidos en sepulturas, o fincas, calles, baldíos, brechas y cualquier sitio que se usa para arrojar bolsas con restos humanos, en una barbarie que horroriza a familias y ciudadanos pacíficos.

Tras el pináculo de la crisis forense en el IJCF hace un año, con los dos tráileres circulando con cadáveres, y en el contexto de lo que actualmente sucede, es lógico preguntarse qué pasa en el IJCF, si está en condiciones de operar para ofrecer atención digna a los cuerpos y a los familiares de los difuntos. Preguntar, solicitar información sobre lo que ocurre en el instituto o que las autoridades la visibilicen sin necesidad de petición concreta como sujetos obligados, es un derecho constitucional: el derecho a la información.

Se esperaría que las autoridades estatales transparentaran a tiempo, de manera oportuna, sin disfraces, qué está ocurriendo en el IJCF y en cualquier dependencia, como parte de una política de comunicación social que desea mantener informada a la población.

Como poco suelen hacerlo en los asuntos coyunturales que sacuden su agenda, salvo que se vean presionadas por manifestaciones, las redes sociales o medios informativos, proceden de manera reactiva, a la defensiva, después del hecho, con una visión política minimizadora de la dimensión del problema y descalificadora de los que osen cuestionar o diferir de la perspectiva oficial. Un ejemplo de lo último es el propio gobernador Enrique Alfaro.

En cuanto al IJCF, reducir la crisis forense a si tiene capacidad o no para albergar más cuerpos es irse por la superficie y esquivar el problema. La crisis forense va más allá de si tiene tantos o cuantos espacios para los cadáveres. Abarca además si cuenta con las capacidades periciales y forenses suficientes en una entidad que carece de especialistas, si la atención a quienes acuden es humanitaria, si posee la tecnología e infraestructura necesaria, si los manuales y protocolos son adecuados y se cumplen, si se permite la coadyuvancia de las familias con desaparecidos en las excavaciones, si se dispone de sistemas de información e información genética, si los dictámenes periciales se entregan a tiempo, si los procesos administrativos son eficientes, si se improvisa por la falta de personal, etcétera.

Sobre los puntos anteriores y otros más los reclamos concretos de colectivos de familias con desaparecidos y las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhiben fallas específicas que, en su conjunto, evidencian una crisis forense que viene desde la administración pasada. No reconocer el problema es no dimensionar su gravedad. El solo hecho, éste sí reconocido públicamente, de que personal del instituto trabaja al límite en jornadas laborales exhaustivas es una muestra de que prosiguen situaciones irresueltas. La crisis de violencia y muerte que enfrenta Jalisco necesariamente impacta en el IJCF.

El mes pasado México Evalúa publicó su investigación Hallazgos 2018, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, y reveló que en comparación a otras entidades Jalisco tiene la menor cantidad de personal para realizar estudios, dictámenes, necropsias o investigaciones de manera proactiva, con la debida diligencia y capacidad. Que la justicia sea una realidad pasa necesariamente por un IJCF fortalecido.

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JJ/I