Quinto Patio

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) hizo su trabajo de contrapeso al gobierno estatal para denunciar atropellos a víctimas y familiares por desaparición. No es la primera vez que toca el tema, pero es necesaria su injerencia, sobre todo en el ánimo social, porque en esas dolorosas historias las autoridades parecieran tener oídos sordos y una visión fantástica y triunfal. El organismo investigó 73 quejas vinculadas a 83 personas desaparecidas entre 2003 y 2018.

Lo terrible es que en 20 casos intervinieron servidores públicos municipales, estatales o federales. La recomendación señala que en ocho quejas se hizo referencia a personal de la entonces Fiscalía General del Estado; a policías de Tonalá; Guadalajara, Tlaquepaque, Autlán de Navarro, Tecalitlán, San Miguel El Alto y Tecolotlán; y la sospecha de empleados del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, policías del estado y personal de la Marina. En manos de esas autoridades, con esos elementos, está la seguridad en Jalisco.

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Los diputados locales se están convirtiendo en buenos ingenieros porque no sólo construyen puentes, sino que hasta quieren construir un nuevo edificio para áreas administrativas. La actual legislatura destacaba por decretar días inhábiles para que todos tengan vacaciones, aunque la ley no lo permita. Así, legisladores y supernumerarios tienen las prestaciones de los de base. Parecieran símil de la mafia, pues. Y así critican a otros poderes.

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Había una vez un férreo funcionario público, diputado federal por el PT, que no dejaba de alzar la voz en contra de un megaproyecto denominado presa El Zapotillo, rechazaba la inundación de los poblados y el desplazamiento de sus habitantes, peeero resulta que con el paso de los años cambió de partido, de chamba, de jefe y hasta de opinión, pues se le olvidó la encarnizada lucha que enarboló con vehemencia; ¿de quién hablamos? Nada menos que del secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, quien cambió de trinchera y ahora defiende lo considerado indefendible, las decisiones de su patrón.

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Tras la epidemia de dengue en Jalisco, que se disparó de manera notable en las recientes semanas, la CEDHJ abrió una carpeta de investigación hace un mes y este jueves dictó nuevas medidas cautelares a Fernando Petersen, titular de la Secretaría de Salud. La información la dio a conocer Eduardo Sosa Márquez, primer visitador del organismo defensor de derechos humanos. Lo dijo así: “Investigamos si las autoridades estatales y municipales han incurrido en responsabilidad por dos conductas: no haber previsto mayor control para que el brote sea de la envergadura que hoy tenemos, si hasta la fecha se han rebasado los servicios de salud que se ofrecen de parte de las distintas instancias”.

Está en juego el derecho a la salud de los jaliscienses que acuden a los centros de salud y hospitales. La CEDHJ pide que se refuercen las campañas de concientización como medidas de prevención para evitar la propagación del dengue y se continúe con la fumigación. Ante la magnitud de lo que sucede, la epidemia trae en un brete a la Secretaría de Salud… y a la población. Como van las cosas, cualquiera se alarma.

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Las ineficiencias en el manejo del dengue las puntualizó ayer el ex director de los Hospitales Civiles, Raúl Vargas. Un botón de muestra de los alcances de la epidemia: hasta ahora suman 469 los casos entre alumnos y académicos de la UdeG que no han asistido a labores por el dengue, precisó el rector general Ricardo Villanueva. Más los que se acumulen. ¿Cuántos otros casos hay en otras instituciones, empresas, población en general? ¿A cuánto asciende el ausentismo laboral en Jalisco por el dengue?

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JJ/I