El mantenimiento de las estructuras institucionales

En las sociedades modernas como la nuestra, el peso de la presencia institucional constituye o debería constituir un elemento que permita el funcionamiento estructural de una sociedad, independientemente de las coyunturas particulares y de los vaivenes políticos a los que constantemente se esté expuesto. El desarrollo de una estructura institucional refuerza el estado de derecho de un país, y con ello se logra identificar la trama de procedimientos necesarios para lograr la activación de cada uno de los esquemas necesarios para el funcionamiento y desempeño de cada una de las instancias dedicadas a la administración pública. Se busca, fundamentalmente, certidumbre y eficiencia. 

La historia de nuestro desempeño institucional tiene momentos brillantes, así como de grandes y cuestionables opacidades, al igual que muchas sociedades en el mundo, y la articulación institucional ha requerido una atención especial en el diseño, el mantenimiento y las evoluciones de la misma buscando el establecimiento de principios claros para la sociedad. 

La historia del Instituto Nacional Electoral (INE) constituye uno de los temas que ha requerido una vigilancia constante y una intervención permanente de diferentes actores e instituciones para afianzar un modelo electoral en el que se representen todas las voces de los ciudadanos y que se articulen estructuras de representación que constituyan en la dimensión de la gestión política ejes de funcionamiento que se compongan con la más amplia y múltiple articulación de la diversidad de intereses que se expresan en el debate y la función política y social. 

Uno de los ejes fundamentales sobre los que se construyó un órgano electoral fue el de la ciudadanización de los procesos electorales. Durante el periodo de 1929 a 1990, la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo, a través del Colegio Electoral, era la encargada del procesamiento de las elecciones en nuestro país. El inicio del Instituto Federal Electoral (hoy INE) arrancó con la idea de generar una estructura institucional que lograse profesionalizar, como fue el caso, un órgano ciudadano encargado de procesar las elecciones. Para tales efectos, se hacía valer una condición de fundamental importancia, el peso del ciudadano en el proceso, tanto en la organización como en la emisión del voto. Las modificaciones implicaron así una salida progresiva de participación en los procesamientos electorales por parte del Poder Ejecutivo, así como también de los partidos políticos. 

No se trata de una salida de esas instancias en la presión e influencia sobre el órgano electoral, pero sí, estatutariamente, de la estructura de control y dirección. 

La relevancia del sostenimiento de un órgano electoral profesional requiere ajustes y revisiones como ha sido el caso en la historia del INE. No se trata de la supresión de un órgano ciudadano que ha generado las condiciones de la alternancia del poder en los últimos 21 años. Hasta 1989, en la estructura anterior del procesamiento electoral, se logró una gubernatura de oposición en el país. Las alternancias del Ejecutivo federal las hemos podido observar desde el año 2000. 

El sostenimiento de una estructura profesional electoral constituye un factor de certidumbre fundamental en el futuro de los procesos electorales, no se trata de una institución perfecta sino perfectible, lo que implica revisiones constantes para mejorar la estructura, no la supresión de ésta. Actualmente, no sin arrebatos de actores involucrados, vemos un desarrollo institucional en el desahogo de un asunto electoral entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Habrá situaciones anecdóticas y relevantes, sin embargo, el funcionamiento institucional es el que debe prevalecer, así como la garantía de que será el órgano profesional, creado por la ciudadanía, el que garantice el funcionamiento institucional y no el de una facción e incluso una persona que intenta suprimir un proceso electoral. 

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