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Solo así regreso a la política
Lengua-je soez
Por fin, el gobierno de Jalisco presentó el protocolo para dar seguimiento a indicios anónimos relacionados con búsqueda de personas. Sin embargo, los colectivos se posicionaron inconformes con este. Una de las banderas del Ejecutivo fue que el documento fue construido con el apoyo de 13 organizaciones de familias, sin embargo, los colectivos desmintieron. Por un lado, el colectivo Luz de Esperanza reclamó que sólo fueron utilizados para decir que participaron las familias, pero no los tomaron en cuenta para el documento final, mientras que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco puntualizó que el protocolo fue hecho con un objetivo: limitar la participación de las familias en las búsquedas. Total, las expresiones de rechazo al protocolo son contundentes. Se advierte que al final fue creado para obstaculizar, no para apoyar.
La Policía Estatal tiene su guardadito de vallas metálicas, porque tiene decenas en Casa Jalisco y rodea con otras al palacio de gobierno, por aquello de que el miedo no anda en burro. Anoche elementos de la corporación llegaron con otro tambache de esos fierros y los colocaron afuera del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). Tal despliegue valladar, de atrás de la valla que estoy juzgando, se debe a que un grupo de mujeres clausuró el inmueble en protesta porque sus casos nomás se los atoran cuando llegan al Poder Judicial del estado.
Blanca Paredes señaló que tienen 17 casos documentados de mujeres que, a pesar de contar con pruebas de que fueron víctimas de violencia, “los encargados de impartir justicia terminan favoreciendo a los agresores”. De ahí que pidan la renuncia del titular del STJE, Daniel Espinoza Licón, y lo hacen responsable de la seguridad de las manifestantes, al igual que al gobernador. Cero y van tres de tres los poderes de Jalisco envallados de manera permanente o por temporadas. Envallar en Jalisco es una forma de gobernar.
Los que ayer se apersonaron en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana son representantes de la coalición Juntos Haremos Historia en Jalisco. Su misión: presentar denuncia contra el gobernador Enrique Alfaro, a quien acusan de usar recursos públicos para promocionar a candidatos de Movimiento Ciudadano. Recordemos que el mandatario recibió en Casa Jalisco a aspirantes naranjas a diversos cargos, a quienes presentó y elogió, para luego subir a redes sociales un video con el sonriente Alfaro y cada uno o una de sus invitados.
Acusan al gobernador de convertir a Casa Jalisco en casa naranja de campaña, usar de manera indebida recursos públicos y violar la imparcialidad electoral. De ahí que Morena, del Trabajo, Verde de México, Hagamos y Futuro esperan que se bajen de redes sociales los videos y que el Tribunal Electoral y el Congreso del Estado tomen medidas. ¿Lo harán? Lo sabremos.
Si no se paga una fotoinfracción, los recargos y lo que le añaden de cobros, aquello se incrementa de una manera alarmante para un bolsillo promedio jalisciense. Y los conductores acaban agobiados. Y mejor promueven demandas de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa para no dar ni un quinto a las arcas estatales.
Tan es así, que la Secretaría de la Hacienda Pública recibe hasta 700 demandas mensuales de nulidad por fotoinfracciones y multas relacionadas con pago de refrendo vehicular y tarjeta de circulación. Para atender las demandas, la dependencia organizó un proceso de licitación para contratar dos despachos jurídicos. Solo que no tuvo éxito. De las fotoinfracciones no quieren saber no solamente los dueños de vehículo, sino hasta los despachos jurídicos. ¿Pegarán roña los requerimientos que manda la Hacienda estatal?
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