Quinto Patio

Cómo impacta la violencia política en las candidaturas, sobre todo a las presidencias municipales, fue un tema del que en las anteriores elecciones de 2018 y 2021 evitaron hablar lo más posible las dirigencias estatales de los partidos políticos de Jalisco, las autoridades electorales y los propios candidatos. Por lo regular se limitaron a decir que todo estaba en paz y bajo control, sin que fueran más allá. Se puede entender que por razones de seguridad no detallaran o que, para no desalentar la asistencia a votar en las casillas, omitieran profundizar en el tema. Aunque, en corto, protagonistas mostraron su preocupación por las amenazas que padecían aspirantes a diversos cargos.

Lo que sucedió en 2021 en Jilotlán de los Dolores, cuando se suspendieron las elecciones porque las autoridades no podían garantizar que el proceso transcurriera en paz, encendió el primer foco rojo en la historia política reciente. Se trató del reconocimiento de que el aumento de la inseguridad pública en zonas de Jalisco afectaba de manera notoria la organización de las campañas y de las elecciones. A pesar de lo que afirman las autoridades, los grupos delictivos están presentes con sus presiones, amenazas, apoyos y hasta asesinatos.

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Una de las graves señales que confirma lo anterior son los asesinatos del precandidato a la presidencia municipal de Mascota y, más recientemente, el del alcalde con licencia de Pihuamo, Humberto Amezcua, quien buscaba reelegirse. El dirigente estatal del PRI, Antonio Padilla Cruz, reveló que el edil fue amenazado, por lo cual solicitó la protección al gobierno estatal. No obstante, la administración de Enrique Alfaro aseguró que no recibió ninguna petición de manera formal. Las autoridades tienen la obligación de aclarar a detalle lo sucedido. Enviar –como hicieron– un escueto comunicado de prensa no basta. El protocolo para solicitar protección debe ser reformulado.

Padilla Cruz reveló que al menos siete aspirantes a presidentes municipales por el PRI decidieron bajarse de la contienda electoral, por amenazas directas de integrantes del crimen organizado. Y en general, en el actual proceso electoral 15 aspirantes a alcaldes de la alianza integrada por el PRI, PAN y PRD han sido hostigados, de los cuales solo ocho no han desistido. Estamos a dos meses y medio de los comicios, y las autoridades de los tres niveles de gobierno deben asumir su responsabilidad de garantizar campañas y comicios sin violencia.

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El sentir generalizado de especialistas y ciudadanos es que el primer debate entre los tres aspirantes a gobernar Jalisco, Pablo Lemus, Claudia Delgadillo y Laura Haro, quedó mucho a deber y bastante por mejorar. Los temas y las respectivas posturas que deseaban conocer los electores fueron derechos humanos, gobernabilidad y seguridad. Peeeero lo que escuchamos y vimos fueron escasas propuestas, abundantes ataques personales, evasión de respuestas a preguntas concretas, desconocimiento de temas claves y hasta ocurrencias.

Los partidos políticos viven en otra realidad, pues cada uno aseguró que su respectivo candidato fue el ganador. Digamos, sin conceder, que fue así, y, por tanto, los perdedores fueron los ciudadanos.

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Saúl Delgadillo González, hermano de Claudia, candidata a la gubernatura por la coalición Seguiremos Haciendo Historia en Jalisco, sorprende porque busca ser consejero electoral. ¡Toing!

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