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Pagando las cuentas
Mejor restar
En Jalisco hay miles de familias que a diario buscan, vivos o muertos, a sus familiares desaparecidos. Uno de los procesos más complicados es acudir al Semefo a ver y ver fotos, una y otra vez. Nadie quiere encontrar a su familiar sin vida. Sin embargo, más de 2 mil personas han sido halladas así. Lo peor es que para esto, las familias tienen que padecer un calvario repleto de dolor y revictimización. Primero deben dar pelea para que las autoridades investiguen y, cuando llega al Semefo un cuerpo que pudiera ser su desaparecido, viene otra pelea: exigir que lo identifiquen de manera oficial e inmediata.
Todo esto tienen que hacerlo en medio de una crisis que también está plagada de corrupción. Al final, algunas familias lo logran, aunque tengan que pasar años, a veces decenas de años. Lo hacen con, sin y las más de las veces, a pesar de las autoridades. La realidad es dolorosamente apabullante.
La Universidad de Guadalajara (UdeG) planteará a la siguiente administración crear un Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar. La propuesta es invitar a las casas de estudio de la entidad y a la propia Secretaría de Educación Jalisco para conocer qué está sucediendo con los alumnos, qué experiencias se tienen en cuanto a capacitación y protección de los estudiantes y, en sí, coordinarse con las autoridades estatales, revela Montalberti Serrano Cervantes, titular de la Coordinación de Seguridad Universitaria de la UdeG. El planteamiento se hizo ya, como antecedente, a la Coordinación Nacional de Prevención del Delito del gobierno federal.
La propia UdeG ha elaborado en los últimos años 22 cursos que actualiza e imparte a estudiantes, profesores, padres de familia, y capacita alrededor de 70 mil personas por año. Serrano Cervantes advierte que las autoridades están rebasadas y que urge promover con fuerza una nueva cultura de la autoprotección, prevención y denuncia, aunado a una nueva cultura colectiva de sensibilización, de consciencia social sobre las dimensiones de la violencia e inseguridad, y que cada quien conozca qué puede hacer. La idea está ahí para construir la propuesta.
El gobierno del estado envió ayer un comunicado histórico, por lo largo del texto. En él, con un tono triunfalista, asegura que termina de manera exitosa el programa A Toda Máquina, que permitió desarrollar obras por el equivalente a 11 mil millones de pesos, mientras que de recursos públicos se pagaron solo 3 mil 634 millones (claro, no toman en cuenta que los ayuntamientos pagaron salarios de los operadores, materiales y combustible).
El pretexto del comunicado es anunciar, como si fuera un nuevo logro, que las máquinas serán donadas por la empresa. Sin embargo, eso ya estaba estipulado en el contrato que se firmó en 2019, en el que se señala que una vez que se hayan hecho todos los pagos al proveedor, “este se obliga a celebrar, dentro de los cinco días hábiles inmediatos siguientes”, el contrato de donación y a emitir los comprobantes fiscales correspondientes. Y, por cierto, llama la atención que desde ahora anuncien que termina el programa, cuando el contrato con la empresa Operadora de Servicios Mega finaliza hasta el mes de septiembre. O sea…
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jl/I