Presupuesto anticorrupción

Dice la sabiduría popular que “obras son amores, y no buenas razones”, reconociendo el hecho de que es posible reconocer en los actos y las actitudes de una persona el amor que manifiesta experimentar hacia otra. Dicha expresión suele utilizarse para motivar a alguien a hacer efectivo su afecto.

Del mismo modo, en lo que se refiere a lo político, podemos afirmar que los presupuestos reflejan con precisión los valores y las prioridades, y por lo tanto los compromisos de nuestras autoridades. Así que, viendo el monto del presupuesto que se destinó a la operación del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco, podemos afirmar que no hay un compromiso muy grande en el tema ni de parte del gobernador ni de parte del Congreso, pues únicamente se le asignaron 40 millones de pesos para el presente año, es decir, 0.037 por ciento del presupuesto total del estado.

Por supuesto que para la mayoría de las personas 40 millones de pesos representan una cantidad enorme, sin embargo, cuando se trata de atender un sistema público, que incluye la creación de instancias que no existían, y a las que es necesario dotar de los insumos necesarios para operar, dicho presupuesto resulta muy escaso. Con ese presupuesto se deben financiar los salarios de quienes pasarán a formar parte del sistema, además de incluir los gastos referidos a la infraestructura y el equipamiento, y otros gastos de operación.

Por ejemplo, la Sala Superior Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, en el que se encontrarán trabajando tres magistrados, no cuenta con oficinas propias ni con archiveros ni con personal que realice las diferentes labores que se requieren para que un juicio administrativo se resuelva bien y pronto.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, tampoco tiene un presupuesto definido para su operación, y al parecer ni siquiera está prevista la creación de las plazas necesarias para contratar a quienes ayudarán al fiscal a investigar y documentar los hechos de corrupción.

Y por cierto, en este caso no se puede resolver el asunto simplemente asignando a dicha fiscalía personal que labora en otras áreas, puesto que se requieren especialistas en temas financieros y contables, y prácticamente la totalidad de quienes laboran en la Fiscalía General tienen estudios de derecho, por lo que es probable que se requiera contratar más personal, aunque para esto lo ideal sería que se definieran los perfiles requeridos, así como los puestos necesarios y que se designara a quienes los ocuparán mediante un concurso de oposición.

Continuando con la Fiscalía Anticorrupción, el hecho de que no se le haya asignado un presupuesto específico es preocupante, dado que el fiscal general, que será el superior del fiscal anticorrupción, podría bloquear la investigación de actos de corrupción simplemente negándose a asignar los recursos necesarios para ello o entregándolos con cuentagotas.

De igual manera, en el caso de los contralores internos recientemente nombrados por el Congreso, sólo el que fue asignado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene salario y ubicación, pues ya se tenía presupuesto para ello. Los demás contralores todavía no saben cuándo y cuánto van a cobrar.

Lo mismo ocurre con el Comité de Participación Social, y con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. De modo que es necesario que el gobernador y el Congreso autoricen los cambios necesarios en el presupuesto de egresos del estado, a fin de garantizar su correcta operación. En este asunto la ciudadanía tiene que estar muy atenta, pues quien controla el presupuesto tiene un gran control sobre las decisiones, y no queremos un sistema anticorrupción sometido a los caprichos del gobernador o de los líderes del Congreso.

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@albayardo

JJ/I