Nueva Constitución, ¿nuevo régimen?

El Congreso del Estado de Jalisco, en su sesión del pleno de ayer, aprobó por mayoría, con la oposición de seis diputadas y diputados del PRI, PAN y Morena, la inclusión de un artículo en nuestra Constitución que estipula el procedimiento a seguir para crear una nueva Constitución (el texto aprobado se puede consultar en la siguiente dirección: https://bit.ly/2kHPulg). Esta situación es anómala por varios motivos, algunos de los cuales los expresé en otra ocasión en este mismo espacio.

Por principio de cuentas, una nueva Constitución significa que hay un cambio de régimen, es decir, que se cancela el pacto social vigente, y se inaugura uno nuevo, con nuevas reglas de juego, y, por lo tanto, quienes ejercían una autoridad derivada del pacto anterior, dejan de tenerla. Eso quiere decir que ni el actual gobernador y su gabinete, ni quienes integran los poderes Legislativo y Judicial, ni quienes forman parte de los ayuntamientos podrían seguir desempeñando sus funciones, puesto que habría que elegir a todos de nuevo, si es que el cambio de régimen va en serio. Pero eso no está previsto en lo aprobado por el Congreso.

En segundo lugar, se prevé que el Congreso Constituyente se integre con 138 diputados constituyentes, de los cuales 30 no serían electos, pues serán 10 representantes de cada uno de los tres poderes del Estado. Eso de entrada no es correcto, dado que los jaliscienses no elegimos a ninguna de esas personas para que participaran en la elaboración de una nueva Constitución. En otras palabras, sería ilegítima su participación en el Constituyente.

En tercer lugar, se prevé que la nueva Constitución sea aprobada por quienes integren el Poder Legislativo en ese momento. Es decir, el Congreso Constituyente no tendrá ninguna autoridad por sí mismo, puesto que su trabajo será supervisado y validado, en su caso, por quienes pertenecen a los poderes del viejo régimen, y si algo no les gusta, lo harán cambiar. Entonces, ¿dónde queda lo nuevo?

En cuarto lugar, si se lleva a cabo el Constituyente con esas reglas, entonces entraremos en una contradicción, porque las autoridades del régimen anterior, utilizando el poder y los recursos que les otorgó la Constitución que está en vías de desaparecer, son quienes le darán validez a la nueva Constitución, y a las leyes y autoridades que de ella emanen, es decir, seguiríamos bajo las órdenes de autoridades que ya no deberían estar ejerciendo ningún poder. Una paradoja, resultado de intentar incluir en una Constitución el procedimiento para hacer que deje de tener vigencia.

Por otra parte, al establecer que los trabajos del Constituyente podrán durar hasta un año, pero las 108 personas que resulten electas para conformarlo no recibirán ningún pago por su trabajo en la redacción de la nueva Constitución, se provocará que solo se postulen para el cargo quienes tengan asegurada su manutención, sea por su propia familia o por su partido, y no más, pues es muy difícil imaginar quién puede dedicar un año de su vida a un trabajo no remunerado, que seguramente será de tiempo completo. Eso implicaría que muy posiblemente no tendrá representación ni participación el sector de la población que más está padeciendo las consecuencias negativas de nuestro régimen actual.

Además, ¿alguien habrá pensado en todo el trabajo que se vendrá después, en lo referente a la redacción y aprobación de todas las nuevas leyes que se requerirán, dado que hubo un cambio de régimen? Y todo para qué. ¿Realmente cambiaría algo? ¿Se acabará la impunidad con una nueva Constitución? ¿Dejará de haber personas asesinadas o desaparecidas?

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@albayardo

JJ/I