Desplazamiento forzado en Teocaltiche

En diversas regiones de los Altos de Jalisco –particularmente en el municipio de Teocaltiche–, durante este mes más de 600 personas han tenido que abandonar sus hogares por el riesgo de perder la vida ante la violencia que se vive en las comunidades por las acciones de grupos de delincuencia organizada. Esta situación es definida en el derecho internacional como “desplazamiento forzado interno”, considerándose una violación grave de derechos humanos que demanda medidas de urgente protección. 

En ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) se define al desplazamiento forzado interno como la situación que lleva a una persona o grupo de personas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual para evitar efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos (entre otras) y que no han cruzado una frontera internacional. 

Cuando hay desplazamiento forzado debe otorgarse protección, hay normas del derecho internacional que establecen un marco de actuación para las naciones y que implica asegurar en primer momento un alojamiento que tenga condiciones de seguridad, atendiendo necesidades particulares de mujeres y menores de edad; en el caso de Teocaltiche vemos que ese aspecto se ha estado resolviendo gracias a la solidaridad de vecinos y se ha brindado hospedaje en diversas parroquias cercanas, pero antes que nada es una responsabilidad que las autoridades locales deben atender con urgencia. 

Naciones Unidas a través de ACNUR identifica los riesgos a que se expone la población que sufre desplazamiento forzado: como perder sus bienes y el acceso a tierras o fuentes de ingreso lo que la puede llevar a pobreza, marginalización, explotación o abuso; se complica acceder a alimentos, agua y servicios públicos; colapsan estructuras familiares y comunitarias; existe el riesgo de ser víctimas de reclutamiento forzoso por parte de grupos armados y las personas desplazadas pueden enfrentarse a situaciones de discriminación y hostilidad por su condición. 

Desde el derecho internacional, las naciones tienen la responsabilidad de atender la problemática con el propósito fundamental de proteger a la población desplazada, pero también es deseable que puedan establecer un marco legislativo, fondos e instancias idóneas para situaciones como la que se está presentando en Teocaltiche. En ese sentido en el 2020 se discutió y aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para expedir la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, esta disposición federal señala entre sus disposiciones las siguientes tareas: definir competencias de los niveles de gobierno para la protección de las personas víctimas de desplazamiento forzado, crear un mecanismo nacional para lograr soluciones duraderas, generar un registro y disponer de recursos suficientes para implementar la atención. 

De forma más específica, la iniciativa de ley aprobada por la Cámara de Diputados (aún está pendiente su aprobación en el Senado) señala que durante el estado de contingencia de desplazamiento forzado interno, toda persona tendrá derecho a recibir asistencia humanitaria oportuna, adecuada y necesaria, la cual incluye alimentos, agua potable, cobijo, vivienda, vestido, servicio médico, medicamentos y atención psicológica; respetando las necesidades específicas de su edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, grupo étnico y pertenencia a pueblos o comunidades. 

Para el caso particular de Teocaltiche, urge que las autoridades asuman las medidas de protección necesarias para las personas desplazadas y que se atiendan las causas que están generando la grave violencia que padecen las comunidades. 

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