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Violento
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Rumbo a la jornada de lucha de las mujeres (8M), que cada año enfatiza necesidades apremiantes para avanzar en la erradicación de la violencia de género y atender problemáticas específicas –como reducir la brecha salarial, garantizar el acceso al trabajo remunerado y formal, reconocer la labor de cuidados, incrementar espacios educativos y fortalecer el liderazgo social–, la presencia en México de madres y familiares que buscan a sus desaparecidos se ha convertido en una agenda prioritaria en regiones como Jalisco.
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la desaparición de personas. Así se reconoció en el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas, realizado en Ginebra a inicios de 2025. En el encuentro, se escucharon testimonios de mujeres provenientes de Siria, Filipinas, Gambia, México y diversas regiones del mundo que compartían situaciones en común: dificultades legales, como la imposibilidad de certificar la desaparición para acceder a derechos básicos; estigmatización social constante; la lucha permanente por sancionar a los responsables y conocer la verdad sobre lo ocurrido; la necesidad de sostener a sus familias mientras buscan a sus desaparecidos; el desarrollo de enfermedades crónicas derivadas del estrés, y la invisibilización en los procesos de verdad y reparación.
Son principalmente las madres, abuelas y hermanas quienes lideran las búsquedas, muchas veces enfrentándose directamente con las fuerzas del Estado. Las mujeres han convertido este proceso en una gran labor de preservación de la memoria y han sido reconocidas también como constructoras de paz. Aunque los contextos eran diversos, las experiencias expresadas por las participantes compartían necesidades comunes: la lucha por la verdad, contra la estigmatización y la búsqueda de justicia.
En México, los colectivos de madres buscadoras han obligado a las autoridades a actuar frente a la desaparición de personas, problemática que se agravó particularmente en 2006 con la fallida estrategia de seguridad implementada por Felipe Calderón. Gracias a su labor, hoy existen leyes, instituciones, protocolos y procesos que han creado un andamiaje institucional para la atención de este grave problema. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para lograr la localización de personas desaparecidas y prevenir que estos casos continúen.
El liderazgo que ejercen las mujeres en la búsqueda, la denuncia y la incidencia política debe ser ampliamente reconocido. No solo las impulsa el amor a sus familiares, sino también su fuerte convicción de justicia y la certeza de que ninguna familia debería pasar por el dolor que ellas enfrentan. Han resistido la indiferencia institucional y muchas han sido víctimas de hostigamiento, criminalización y agresiones que, en algunos casos, han culminado en la privación de su vida.
En la movilización que diversos colectivos de Jalisco y Guanajuato han realizado hacia la Ciudad de México, la voz de las mujeres se ha escuchado con firmeza, y seguramente así será también en la marcha del 8M, donde se exigirá a las autoridades acciones urgentes para la búsqueda, y pidiendo a la sociedad empatía y solidaridad ante la grave problemática de inseguridad y el entorno de impunidad que ha llevado a la desaparición de 16 mil personas en Jalisco.
Las mujeres buscadoras han demostrado ser también promotoras de paz, construyendo fuertes lazos de apoyo mutuo y movilizando a comunidades en torno a la memoria, la búsqueda y la exigencia de justicia.
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