Jalisco y la crisis forense

El grave problema social que representa la desaparición de personas en numerosas regiones del país se acompaña de una crisis forense sin precedentes. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alertó en 2021 que alrededor de 52 mil cuerpos permanecían sin identificar en los diversos institutos forenses del país.

El registro de personas fallecidas sin identificar (PFSI) del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lleva un registro desde septiembre de 2018 hasta la fecha (julio de 2024), contabilizando 4 mil 707 personas sin identificar. Esto contrasta con los estudios realizados por instancias como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que han revisado bases de datos desde 2006 e indican que al menos habría 9 mil registros de personas sin identificar en nuestro estado.

El proceso al que se deben enfrentar quienes buscan a un familiar es, por demás, complejo, lento y burocrático; también prevalecen los estigmas, prejuicios e indiferencia ante el dolor de las familias por parte de diversas autoridades.

Hay situaciones que muestran la negligencia con que se atiende la problemática de las desapariciones, se han dado a conocer casos en los que, tras buscar por muchos años a su familiar, al lograr su localización, resulta que estuvo desde los primeros días de su desaparición en las instalaciones del servicio forense.

La joven María Guadalupe Alcalá fue desaparecida en 2016 en el municipio de Tlajomulco. Ese año, su cuerpo ingresó al servicio forense y apenas en julio de 2024 fue devuelto a su familia. La madre cuenta las incontables negligencias a las que se enfrentó y la búsqueda que tuvo que hacer por su cuenta hasta la localización. La joven estuvo ocho años en el servicio forense.

Jesús Alberto Olivares Rodríguez desapareció en 2017; con el apoyo del colectivo Luz de Esperanza, su hermana presentó diversas quejas ante la falta de avances en la búsqueda. Finalmente, en febrero de 2024 lo localizaron en las instalaciones del servicio médico forense. Tenía siete años desaparecido y su cuerpo estuvo ahí desde la primera semana de su desaparición.

Con el acompañamiento del colectivo Hasta Encontrarles Lagos de Moreno fue posible que el cuerpo del joven Joel Enrique Juárez González fuera entregado a su familia en abril de 2024. Él desapareció en septiembre de 2015 y su cuerpo fue ingresado al servicio forense municipal en noviembre de ese mismo año. Estuvo casi nueve años en las instalaciones del Semefo hasta que, con las presiones del colectivo de buscadoras, fue localizado.

Lamentablemente, no son los únicos casos, y detrás de cada nombre de una persona desaparecida hay una tragedia familiar y social. Los buscaron por años, cuando desde los primeros días de la desaparición ya estaba su cuerpo en el servicio forense, alargando el sufrimiento y dolor por causa de la negligencia de las autoridades en poder identificarles.

La Ley sobre Desapariciones determina muy específicamente el enfoque humanitario, lo que significa que las autoridades deben brindar “atención centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a familiares”. La crisis forense de Jalisco y el dolor que han debido enfrentar las familias durante años muestran sin dudas que eso está muy lejos de cumplirse.

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