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Y resolver Magistraturas
A creerle
La Convención contra las Desapariciones Forzadas es uno de los tratados más relevantes en la lucha por los derechos humanos. Este instrumento internacional fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entró en vigor en 2010 y tiene como propósito fundamental prevenir, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en el mundo.
El proceso para su aprobación fue lento y complejo, pues numerosos países se negaban a reconocer que en sus regiones ocurría la terrible práctica de la desaparición de personas por parte de agentes gubernamentales. De hecho, solo ha sido firmado por 77 estados en el mundo.
Frente a los numerosos desafíos que ha implicado su implementación y que la práctica de la desaparición forzada prevalece, el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, junto con numerosos actores de la sociedad civil, convocaron a reuniones de trabajo regionales que culminaron en un Congreso Mundial con el propósito de fomentar el diálogo, intercambiar experiencias y promover que más países ratifiquen e implementen la convención.
El congreso logró reunir representaciones de 120 países, siendo el primero en realizarse y se llevó a cabo en Ginebra, los días 15 y 16 de enero de 2025. Este importante esfuerzo colectivo permitió identificar la dimensión global del problema y la necesidad de implementar esfuerzos internacionales coordinados para su atención.
Se concluyó que el eje rector del trabajo debe ser la centralidad de las víctimas y sus familias, así como la creación de redes y colaboración transnacional. Además, se destacó la importancia de incorporar perspectiva de género, dado que las mujeres juegan un papel crucial como buscadoras y requieren enfoques específicos para abordar el impacto diferenciado que las desapariciones forzadas tienen en ellas.
También se consideró esencial empoderar a las organizaciones locales, promover su capacitación y garantizar su capacidad de influir en mecanismos internacionales. Contar con un marco jurídico robusto y universal que permita garantizar justicia, reparación y no repetición.
Se destacó que los familiares de personas desaparecidas han transformado su dolor en un motor de trabajo colectivo, realizando búsquedas y luchando por la justicia; particularmente las mujeres buscadoras que han sido constructoras de memoria y paz, enfrentándose a diversas formas de violencia extrema.
En el congreso se acordaron como ejes de acción: la creación de redes regionales de trabajo, la organización de reuniones anuales de mujeres buscadoras, el monitoreo de las sesiones del Comité de Desapariciones Forzadas, la promoción de la ratificación de la convención, el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y la construcción de una red internacional de jóvenes contra las desapariciones forzadas.
Para la región de América Latina se destacó la necesidad de fortalecer la memoria histórica, adoptar un enfoque intergeneracional, involucrar a las juventudes en la lucha contra las desapariciones forzadas y garantizar la continuidad de esta labor. Asimismo, se enfatizó la importancia de respaldar el trabajo de los colectivos de búsqueda.
Numerosos colectivos de México estuvieron presentes, dando testimonio y explicando las dificultades y riesgos en la búsqueda, la falta de acceso a la justicia y la gran impunidad que prevalece frente a las desapariciones.
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