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El informe más reciente de Naciones Unidas sobre los efectos de la agresión armada contra Palestina revela que el desarrollo de la región ha retrocedido 69 años. El documento, titulado en inglés Gaza War: Expected Socioeconomic Impacts on the State of Palestine (E/ESCWA/UNDP/2024), hace un recuento de las consecuencias de un año de ocupación en el territorio de Gaza.
De acuerdo con dicho informe de Naciones Unidas, al 16 de septiembre de 2024, más de 41 mil palestinos habían sido asesinados y casi 100 mil heridos. Muchos de los heridos sufrieron lesiones o mutilaciones permanentes afectando especialmente a la niñez.
Aproximadamente 90 por ciento de la población de Gaza ha sido desplazada internamente. El 96 por ciento enfrenta inseguridad alimentaria aguda, con casi medio millón de personas en niveles catastróficos de hambre. Niños, niñas y adolescentes han muerto por desnutrición. Más de 625 mil estudiantes permanecen sin acceso a la escuela.
La infraestructura de salud ha sido gravemente afectada, con más de 40 por ciento de los centros de atención primaria inoperables y severas restricciones en el acceso a medicinas y servicios médicos. Es previsible que las enfermedades infecciosas provoquen un gran número de muertes por falta de atención oportuna.
El informe también señala que el conflicto ha generado 42 millones de toneladas de escombros, además de una grave contaminación del agua, suelo y aire, afectando la salud y el medio ambiente de Gaza a largo plazo.
La región enfrenta un colapso económico, con una contracción del producto interno bruto proyectada en 35.1 por ciento para 2024, y la tasa de desempleo que podría aumentar hasta 50 por ciento. Los muertos, heridos, el hambre y el desplazamiento forzado se agravan ante la negativa de Israel a brindar ayuda humanitaria, perpetuando el dolor del pueblo palestino, particularmente de la niñez, principal afectada por la ocupación armada.
Las denuncias de la comunidad internacional contra el genocidio en Gaza no han sido suficientes para detener las agresiones. A la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia se han sumado México y numerosos países que solicitan investigar y sancionar el delito de genocidio cometido por el Estado de Israel en agravio de la población palestina, principalmente en la Franja de Gaza.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino, concluyendo que la ocupación es ilegal y debe finalizarse de manera inmediata. Se señala en el análisis jurídico que se violan el derecho internacional y la autodeterminación del pueblo palestino y que los territorios confiscados deben ser restituidos. Además, se indica que los Estados no deben contribuir a la ocupación, revisando las relaciones diplomáticas, económicas y militares que mantienen con Israel. Derivada de esta opinión consultiva, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que exige a Israel poner fin, sin demora, a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados.
Los países deben insistir en la necesidad de lograr la paz en la región de Gaza y pronunciarse por el reconocimiento a Palestina como un Estado con plenos derechos en el concierto de naciones.
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GR