Burocracia político-represiva

La burocracia político-represiva de Jalisco y del resto del país suele fingir que padece alzhéimer. Comete graves tropelías y luego pretende que se olvide lo que hizo. Como si no recordar significara que no ocurrió; como si no evocar comprobara que no sucedió lo que fue su responsabilidad. Similar a la enfermedad, que es progresiva y va degenerando las conexiones cerebrales, los encargados de avalar y ordenar ataques contra personas, grupos o acciones colectivas, conforme pasa el tiempo más trastornan su percepción de la realidad para justificar sus decisiones y borrar de su mente cualquier ilegalidad cometida.

Solo que no lo olvidan. Simulan no recordarlo. En su círculo cercano podrán hacer como que lo olvidaron y no hablar más del asunto o, en el extremo opuesto, festejan los abusos cometidos. Pero la huella mnemotécnica queda impresa. Son diferentes, pero en algo se parecen la burocracia político-represiva a los jefes de grupos delictivos: unos, en nombre del Estado, la paz social, los intereses grupales, una ley retorcida, el principio de autoridad, porque no tienen permiso o porque afecta su imagen política; otros, por ampliar su negocio, defender y aumentar las ganancias, mantener el control de una zona y aniquilar a los adversarios del mercado de lo ilícito, recurren a la violencia, que va de las amenazas, el hostigamiento, el espionaje, el ataque verbal o la persecución hasta la agresión directa. Consideran, malamente, que tener el poder es tener la razón.

Pero la burocracia político-represiva busca que el alzhéimer sí se expanda socialmente. Que la población olvide lo ocurrido, que tenga una percepción positiva de un hecho represivo, para lo cual disponen de un aparato ideológico y propagandístico que difunde y normaliza sus justificaciones. El objetivo es que no trasciendan las repercusiones del acto violador de derechos humanos. Y que se culpe a unos cuantos a los que se estigmatiza, inconformes de siempre, con, seguramente, agendas políticas desestabilizadoras, como argumenta la burocracia político-represiva. Si soy la autoridad, puedo actuar hasta por la fuerza, se dice a sí misma.

La burocracia político-represiva es la que instalada en el aparato del Estado instruye a que se mienta, minimice, espíe, detenga ilegalmente, golpee, torture, persiga y se sofoquen protestas y se violen derechos humanos. Repudia que se rememoren y visibilicen sus acciones represivas. Odia que se organicen actos políticos que evoquen y denuncien ilegalidades. Rechaza que se coloquen memoriales y antimonumentos que recuerden a la población decisiones represivas de los propios burócratas político-represivos.

Es el caso del antimonumento retirado la noche del lunes de la Plaza de Armas, frente a palacio de gobierno. Lo colocaron ahí colectivos y víctimas de la desaparición forzada, amenazas, abuso de poder y tortura por parte de policías y de elementos de la Fiscalía del Estado, hace tres años, los días 4, 5 y 6 de junio de 2020. Por instrucciones de la burocracia político-represiva de Jalisco fueron más de 80 los detenidos ilegalmente cuando se dirigían a manifestarse frente a las oficinas de la dependencia en la calle 14 de la zona industrial de Guadalajara. La grave violación de derechos humanos quedó reducida a la acusación de pocos elementos que luego recuperaron su libertad. Lo que prometió hacer el gobernador Enrique Alfaro quedó en la nada. La impunidad de nuevo se impuso.

Los antimonumentos responden a una legítima protesta que pone los focos en situaciones graves, para demandar que no se repitan y haya justicia. Son una de las formas de expresión de un descontento con derecho a difundirse. Son una respuesta pacífica a un acto violento, sea gubernamental o de otro tipo. Los antimonumentos representan simbólicamente una denuncia pública. Son memoria política y social. Son un acto de resistencia. Son respuesta digna a las decisiones arbitrarias de la burocracia político-represiva, como la de Jalisco.

Twitter: @SergioRenedDios

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