Quinto Patio

Cuando grupos de personas son desaparecidos en Jalisco y luego encontrados los cuerpos sacrificados brutalmente, y que la tragedia es considerada un caso de “alto impacto” para las autoridades estatales, solo entonces se ven forzadas a mandar comunicados de prensa para informar lo que sucedió. Y decimos “informar”, cuando en realidad son parcos, escuetos y fríos, y dejan de lado mucha información que es de interés público. Por poner solo un ejemplo, ¿qué sucede con las familias de las víctimas? Los reportes de colectivos revelan que muchas ocasiones los familiares de desaparecidos y asesinados se ven forzados a cambiarse de casa, huir del estado o incluso del país, al recibir amenazas de muerte. ¿Qué saben en la Fiscalía del Estado de esto? ¿Qué hace para impedir que las familias continúen sumidas en la pesadilla y deban abandonar todo al perder a un integrante?

Lo decimos ahora que, como informó el gobierno estatal, se confirma que los cuerpos destrozados que se localizaron en un barranco de la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, corresponden a los jóvenes que laboraban en un centro de operaciones en ese municipio. Ocho familias se suman a las miles que están lastimadas en la entidad, mientras continúan impunes la inmensa mayoría de los responsables de las desapariciones, capaces de hacerlo con grupos enteros. Nada los detiene. Ninguna autoridad en Jalisco está a la altura del reto de la creciente inseguridad pública, uno de cuyos rostros más inhumanos son las desapariciones.

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En lo oscurito, porque apagaron las luces de la Plaza de Armas, con marros y esmeriles, con camionetas sin placas, policías retiraron subrepticiamente el antimonumento instalado por colectivos para recordar el tercer aniversario de la violencia emprendida por policías y por elementos de la Fiscalía del Estado contra manifestantes el 4, 5 y 6 de junio de 2020. Lo que primero fue reportado en las frecuencias policiales como un robo del patrimonio de la ciudad, luego aclaró el gobernador Enrique Alfaro que con el gobierno tapatío decidieron quitar el antimonumento llamado 5J porque no tenía permiso.

Ya aclaró el Instituto Nacional de Antropología e Historia que no requería permiso de instalación el antimonumento, porque no daña inmuebles con valor patrimonial del Centro Histórico. ¿Cuántas cosas no están colocadas en el corazón tapatío, sin autorización, y las autoridades ni se fijan? Por lo pronto, los colectivos ya reaccionaron con indignación y reprocharon que las autoridades le apuesten al olvido para borrar de la memoria colectiva su actuación violenta hace tres años. ¿Intervendrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Buscarán los colectivos el amparo de la justicia federal? Lo sucedido, más que una decisión legal, en el fondo es política: no quieren las autoridades recordar ni que les recuerden las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en esos días.

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La sorprendente historia de los incendios forestales, en este ciclo 2023, con una tendencia al alza en los últimos 15 días, nos demuestra que el cambio climático no es un juego de niños; si somos inteligentes, nos permite un pasaje a ese futuro que veíamos tan lejano.

El problema sigue siendo el analfabetismo en temas ambientales de nuestra clase política, que solo comprende el tema sobre el eje del desastre y no de los procesos dinámicos de la naturaleza en que estamos inmersos como especie animal. Si no se ASUME (así, con mayúsculas) esa realidad que debería ser evidente, estamos condenados a repetir los errores de este año, de invertir poco en prevención y querer sacar las castañas cuando la lumbre ya cundió. Es decir, si los políticos entendieron la lección, lo sabremos muy pronto.

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jl/I