Quinto Patio

Las familias de personas desaparecidas en distintas ocasiones han señalado actos de corrupción durante el proceso de búsqueda de personas, principalmente en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la propia Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Ante esto, dos investigadoras desmenuzaron el proceso y encontraron 116 riesgos de corrupción. Es decir, cada familia debe, además de arriesgarse haciendo la chamba de las autoridades, enfrentarse y defenderse estas 116 veces durante el proceso de denuncia y búsqueda de su familiar desaparecido. De ese tamaño.

Las familias cargan con la desaparición y con dizque servidores públicos corruptos que, incluso, piden sobornos para, aseguran mintiendo, acelerar el proceso de búsqueda. La justicia es un pantano.

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Luego de la gubernatura, la presidencia municipal de Guadalajara es la joya que buscan capturar los partidos políticos. Si por Movimiento Ciudadano va Verónica Delgadillo, el que también le trae ganas es el diputado federal naranja Salvador Caro, pero como no salió dedosignado en la cúpula emecista ya se dirige “a todas las fuerzas políticas” para asegurar que, “¡quien quiera ganar, aquí estamos!”. ¡Quihúbole!

En tanto, José María Martínez Martínez, de Morena, no se da por vencido y anunció su cambio de aspiraciones políticas. En vez de la candidatura a gobernador, donde ya fue eliminado, ahora va por la alcaldía tapatía. Con un discurso disruptivo y rompiendo simbólicamente una pared naranja, el diputado local morenista busca convencer a sus compañeros de partido para ser el próximo abanderado. Solo que hay tiradoras anotadas: la regidora tapatía Mariana Fernández y la diputada María Padilla.

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Los violentos no respetan a nadie. Les da igual. Lamentablemente tocó el turno a dos custodios de un camión de traslado de valores, asesinados en la colonia Libertad, de Guadalajara, por al menos seis varones que los despojaron de una fuerte cantidad en efectivo.

En la zona metropolitana y en el estado donde no pasa nada, y quien diga que pasa es porque quiere que le vaya mal a Jalisco (Alfaro dixit), reapareció el modus operandi en el que delincuentes atacan camiones de traslado de valores. La mala noticia no solo es el hecho del crimen de los dos custodios, sino que, como ocurre casi siempre en agresiones y asesinatos, hasta anoche no había detenciones.

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Pasaron más de seis años del feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias; transcurrieron cuatro años desde que la anterior administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación; los calendarios marcaron un sexenio de lucha y tenacidad exigiendo justicia de su madre Nancy Arias Arteaga, y se recolectaron por Amnistía Internacional (AI) 127 mil firmas de personas de todo el mundo exigiendo verdad, justicia y reparación integral del daño para la familia de quien fue victimada el 10 de marzo de 2017. Todo esto debió ocurrir para que, por primera vez, el gobierno del estado ofreciera una disculpa pública a la familia de Alondra, luego de que las autoridades fueron incapaces de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vida de la joven.

A la disculpa pública no acudió el gobernador Enrique Alfaro. En su lugar fue el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, en un acto que se realizó frente a la Glorieta de los Niños Héroes, ahora Glorieta de las y los Desaparecidos. Ahí se develó un memorial en honor a Alondra para recordar al Estado su obligación de implementar políticas públicas que reivindiquen y contribuyan al respeto de la vida de las mujeres, como señala AIM. Un mes antes de que su ex pareja la asesinara, Alondra había presentado la denuncia. El feminicidio pudo prevenirse.

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