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¿Para espiarnos?
A creerle
Para las familias de 65 trabajadores que murieron en febrero de 2006 mientras laboraban en una mina en Coahuila, el camino para recuperar los cuerpos y demandar justicia ha sido bastante largo; ya son más de 18 años de una tragedia en la que mineros de la Unidad Pasta de Conchos quedaron atrapados. La empresa nunca quiso hacerse responsable de las labores de rescate argumentando que se pondría en riesgo la vida de otras personas al intentarlo; la mina pertenece a Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea.
En 2006, las familias demandaron un rescate inmediato pero las esperanzas de localizarles con vida cada vez eran menos por la dilación, en ningún momento dejaron de exigir que se investigaran las causas del accidente y que se continuara con la búsqueda de los cuerpos.
En su momento, las familias denunciaron que la empresa no quería avanzar en el rescate porque al realizar los peritajes a la mina se evidenciarían las deplorables condiciones de trabajo con que operaba, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que había fallas de seguridad desde el año 2000 y que en inspección de julio de 2004, se consignaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron medidas de extrema urgencia para subsanarlas, pero las autoridades laborales no dieron seguimiento a su cumplimiento.
Un grupo de familiares recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su denuncia refieren que desde el año 2000 se implementó en México una regulación laboral que derivó en la precarización del empleo y la reducción casi absoluta del presupuesto destinado a la inspección, que las mineras son empresas de alta rentabilidad económica pero sus trabajadores se enfrentan a condiciones laborales que derivan en pobreza y marginación para ellos y sus familias.
No solo es la tragedia de Pasta de Conchos, las mineras han depredado y contaminado el territorio nacional, despojando a los pobladores originales como es el caso de los territorios sagrados de Wirikuta por la minera First Majestic Silver o el poblado de Salaverna en Zacatecas que prácticamente fue destruido por una minera del Grupo Carso.
Hace cuatro años que los trabajos para recuperar los cuerpos en la mina de Coahuila se reanudaron, las familias pidieron a López Obrador asumir en su momento ese compromiso dado que los gobiernos de Fox, Calderón o Peña Nieto nunca tuvieron la voluntad de respaldar la búsqueda. Hoy finalmente lograron llegar a una de las galeras en las que encontraron instrumentos de trabajo y restos óseos.
Ante los recientes hallazgos, la viuda de uno de los trabajadores ha expresado el dolor de pensar que les dejaron morir sin el menor intento por rescatarles y más aún porque no hay evidencias aparentes de explosión como se argumentó por la empresa para dejarles de buscar.
En 2010 ocurrió un derrumbe en una mina de Chile; allá se rescató con vida a 33 trabajadores, quienes fueron localizados 17 días después del accidente. En México Vicente Fox anunció la suspensión del rescate cinco días después del derrumbe en Pasta de Conchos.
El sindicato de mineros está solicitando que se sancione a Grupo México por homicidio industrial por haber suspendido el rescate, sin importarle que los trabajadores estuvieran aún con vida y por las condiciones deplorables de trabajo que provocaron la tragedia.
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