Quinto Patio

Que las rentas de los departamentos están por las nubes es más que una afirmación metafórica. Es una realidad que apesadumbra a quienes en el Área Metropolitana de Guadalajara desean independizarse de sus familias, como sucede con los jóvenes, o bien porque buscan un espacio adecuado, cómodo, al alcance de sus ingresos económicos. Pero localizar uno barato, en una zona tranquila en cuanto a la seguridad pública, bien comunicada y con los servicios básicos es un enorme problema para el tapatío promedio. Arrendatarios, en todas sus modalidades, en su mayoría han encarecido y en muchos casos más que duplicado las rentas en los últimos tres años, como refiere el investigador Carlos Ruiz Chávez.

El derecho a la vivienda es irreal en Jalisco y el resto del país. Las que se ofrecen en renta no están reguladas y quedan al arbitrio de quienes, en muchos casos, son poseedores de varias, decenas quizá, viviendas y depas. No hay control y todo queda a las leyes del mercado, leyes impuestas por los arrendatarios. El fenómeno de personas que conviven de manera forzada en un mismo espacio ha aumentado, como una salida ante lo caro de las rentas. La paradoja propiciada por autoridades e inmobiliarias es que miles de casas y viviendas en la entidad están vacías, abandonadas. Y si alguien no lo cree, asómese a Tlajomulco.

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Escenario de multipesadillas padecen las familias con personas desaparecidas en Jalisco. Una, por el dolor e incertidumbre que ocasiona tener a un hijo, hermano, padre, madre, esposo o esposa sin saber su paradero; otra, por la ineficacia de las autoridades responsables de investigar y localizar a las víctimas, lo cual detona la impunidad casi total de los victimarios; y, también, porque si se atreven, porque para el gobierno estatal es un atrevimiento manifestarse frente a Casa Jalisco o palacio de gobierno para ser atendidos y exigir se encuentre a un familiar, seguramente les harán poco o nulo caso.

Pero si las familias, cansadas de la falta de resultados, deciden tomar otras acciones para presionar a que sea localizado un familiar o un amigo, como bloquear una calle, pueden enfrentar desde empujones hasta golpes o la detención. Como sucedió ayer, a metros de Casa Jalisco, sin que hasta anoche se conociera la situación jurídica de dos personas detenidas por la policía estatal. No es el primer caso de represión del gobierno de Enrique Alfaro. Es un patrón ligado al no reconocimiento de que la entidad enfrenta una grave crisis de desapariciones.

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El gobernador virtualmente electo, Pablo Lemus, se reunió con afectados por la empresa Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), con quienes se comprometió a apoyarlos para que recuperen el patrimonio que invirtieron. Que se han encontrado nuevos bienes inmuebles que podrían ser incorporados en la liquidación de activos de la defraudadora. Las víctimas desean recuperar lo más que puedan.

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Para la Fiscalía del Estado, cuando aparece una persona de la que se desconoce su paradero es porque fue “localizada”, cuando en varios casos en realidad fue “liberada” por sus captores. Nadie las “localizó”, ninguna autoridad; fueron “liberadas”, lo cual no es lo mismo. El lenguaje no es neutral; y menos si se quiere manipular.

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